Los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero presentaron acusación en el marco de la “mafia de los pagarés” contra los jueces de Paz Nathalia Guadalupe Garcete, de La Catedral 2° Turno, y Carmen Analia Cibils Miñarro, de La Encarnación; y contra los ex jueces de Paz Víctor Nilo Rodríguez Acosta (La Recoleta) y Liliana González de Bristot, del juzgado de Paz de San Roque, por supuesto prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso.

Los agentes del Ministerio Público, quienes solicitan los juzgados de Garantías Especializado en Delitos Económicos a cargo de los magistrados Humberto Otazú y Rodrigo Estigarribia, que la causa vaya a juicio oral; resaltan en los cuatro escritos de acusación presentados en la madrugada de este miércoles que los ujieres notificadores de los juzgados de Paz de San Roque y La Encarnación prestaron colaboración efectiva con el Ministerio Público, brindando datos relevantes para el presente caso.

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Se trata de los ujieres del juzgado de Paz de La Encarnación Alfredo René Benítez, Nicolás Antúnez, Audrei Galeano y Arturo Ayala; y el ujier del juzgado de Paz de San Roque Líder Rodrigo Benítez. Éste último detalló cuál era la metodología de trabajo impuesta por la jueza Liliana González de Bristot y resaltó que, dentro de ese esquema, él debía limitarse a informar la realización de las notificaciones (que no debían ser realizadas en los casos de grandes empresas de cobranzas).

La Fiscalía resalta también que los mismos ujieres refirieron que los montos que se cobraban por gastos de cobertura por notificaciones a las empresas eran inferiores a los establecidos por la Acordada 516/08 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que estableció lo montos en razón de distancia. “Los pagos se recibían tanto en efectivo como por transferencias”, destacaron los auxiliares de Justicia, según resalta el Ministerio Público en los escritos de acusación.

La acusación fiscal resalta además que los ujieres del juzgado de Paz de La Encarnación Alfredo René Benítez, Nicolás Antúnez, y Arturo Ayala; y del ujier del juzgado de Paz de San Roque Líder Rodrigo Benítez; detallaron que de las sumas recibidas debían “entregar un alto porcentaje” a sus respectivas juezas.

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Esta situación era conocida y querida no solo por las juezas de Paz, sino también por los abogados, quienes se encargaban de proveer las notificaciones en blogs para que los ujieres se limitaran a realizar informes, de acuerdo con los escritos conclusivos presentados por los fiscales Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero.

El Ministerio Público resalta que, pese a las normativas procesales que rigen el proceso para reclamar una deuda líquida y exigible, en los juzgado de Paz eran formados expedientes con actuaciones de la parte actora así como las de los juzgados propiamente, en las que en una apariencia de cumplimiento de las formas, se hacía avanzar los procesos con la intención de llegar a los embargos ejecutivos y cobrar por esta vía los montos adeudados más gastos de justicias y otros conceptos.

Sobre el punto la Fiscalía sostiene que estas actuaciones “guardaban solo la apariencia de legalidad” pues, en la realidad, lo que sucedía, era que los deudores demandados no eran notificados de las actuaciones judiciales y todo el juicio era llevado a espaldas de los mismos.

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“Para el efecto, los ujieres notificadores elaboraban informes de notificaciones y los oficiales, por su parte, informaban sobre la intimación de pago y ejecución de los mandamientos a ellos entregados, sin que las diligencias fueran realizadas”, resalta el Ministerio Público.

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