“La Mafia de los Pagarés” es como se conoce al esquema que se montó entre empresas cobradoras de servicios, juzgados de paz y funcionarios del Poder Judicial, en los que se realizaban juicios de ejecución sobre pagarés de deudas ya saldadas para seguir cobrandolas.

El esquema, que funcionó por varios años de manera impune, afectó principalmente a funcionarios públicos, sobre todo a docentes y agentes de la Policía Nacional, quienes recibían sus salarios a través de depósitos en cuentas del BNF.

Varios de los clientes del BNF, de cuyos salarios se descontaban importantes montos con estos juicios, denunciaron al banco la situación e incluso solicitaron la desautorización de los mismos; sin embargo, el banco les respondió que mantenían un contrato con una empresa llamada Walton, propiedad del fallecido exfiscal general del Estado, Óscar Germán Latorre y ahora de su familia, según afirmó el senador Rafael Filizzola.

“En cualquier banco, si vos tenés la voluntad de comprar algo y autorizas a esa empresa para que te descuenten de tu tarjeta de crédito, de tu tarjeta de débito, de lo que sea, eso es una transacción normal. Una cosa es cualquier cuenta y otra cosa la cuenta de salario, que tiene una característica especial”, detalló el senador.

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Descuentos compulsivos del BNF

Según el senador, la empresa Walton tenía un monopolio de los descuentos de las casas de crédito y comercios que afectaban a los salarios de los funcionarios públicos, sin autorización de los mismos.

Pese a cuestionar esto a las autoridades del banco del Estado, estos respondieron a los legisladores que tenían un contrato con la empresa de cobranza.

“Les pedimos a ellos que trabajen en eso, no hubo respuesta. Le denunciamos ante el Banco Central, ante superintendencia de bancos. Superintendencia de bancos sacó un reglamento, a pesar de ese reglamento, no se seguía cumpliendo, se iban las víctimas de esta trama al Banco de Fomento, le ponían todo tipo de trabas”, relató.

Esto desencadenó a que los legisladores preparen una denuncia penal por asociación ilícita entre el personal del BNF y personal de Walton para básicamente robar el dinero de los salarios.

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Proyecto de ley de oficios

Entre varios de los proyectos de ley presentados tras instalarse en el debate público el caso de “La Mafia de los Pagarés”, Filizzola destacó el que plantea que ante la desaparición de un pagaré o expediente, el juez debe resolver la reconstitución del expediente.

“Hicimos una ley que justamente el proyecto de ley ya tiene media sanción, pero está en diputados ahora, donde se establece que si a los cinco días el expediente no está reconstituido, continúa el trámite, pero se te levantan los embargos y se te devuelve el dinero básicamente”, señaló.

Destacó que en el caso del esquema de la mafia de los pagarés, es uno de los peores esquemas de estafa, por los niveles de crueldad a los que se ha llegado.

“Tenemos el caso de un docente que compró un colchón y que es de Bahía Negra, le cobraron G. 50 millones. Esto es maldad, maldad pura, crueldad pura. Le sacan todo. Encima no es que te viene el embargo, no más, es que ya no te pagan más tu sueldo“, lamentó.

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Despojo de las tierras de Carmelo Peralta

Hoy el titular del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Diaz, fue a la Cámara de Senadores para explicar las denuncias en su contra por el regalo de tierras adyacentes al puente del Corredor Bioceánico.

Las denuncias tratan de una entrega de tierras por poco más de G. 500.000 por hectárea a tres personas particulares, tierras que eran exigidas por la Dirección de Aduanas, dependiente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

El senador Filizzola dijo que Francisco Ruiz Diaz remitió un informe en el que habla de un negociado de entre US$ 180 millones y US$ 200 millones.

“Los documentos que me mandaron señalan que esas tierras de Carmelo Peralta fueron expropiadas por Stroessner, por medio de un decreto de ley en el 86, pero por decreto de ley se podía hacer con la Constitución del 40, pero que después el parlamento tenía que, cuando entre en funciones, ahí tenía que ratificar o no, o sea, podía dejar sin efecto”, explicó.

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Si bien no quiso apresurarse, indicó que de acuerdo a los documentos que tiene, la expropiación que realizó Stroessner de las 180.000 hectáreas, es nula, ya que la Constitución del 67 no lo permite, por lo que el Indert estaría vendiendo propiedades que a lo mejor ni siquiera están tituladas a su nombre.

“Yo entiendo que él lo que está queriendo decir es que ahí y hay otras 90.000 hectáreas más que el Indert después quiso comprar, pero compró otra gente. Entonces, esas propiedades hoy que en ese momento no valían nada, si efectivamente pueden valer en este momento US$ 50 millones, o US$ 100 millones, o US$ 150 millones, y efectivamente puede ser un negociado”, refirió.

Agregó que Ruiz Díaz podría enfrentarse a un proceso de lesión de confianza incluso y que no puede decir que no conoceal empresario naviero Adolfo Gabriel Francisco Ehreke Irrazábal, uno de los beneficiados con 29 hectáreas.

“Este es un irresponsable, este que no supo decir nada en la sesión donde estuvimos, que no supo decir nada. Lo que más dijo es ‘no sé, no lo conozco’. Yo creo que él tiene que ser investigado por lesión de confianza. Yo le dije a los colegas, ‘¿qué interpelación?, a este tenemos que denunciarle penalmente’”, concluyó.