La exjueza de paz de La Catedral Segundo Turno, Nathalia Guadalupe Soledad Garcete Aquino, que espera juicio y está investigada por la mafia de los pagarés, sufrió un doble revés ante el Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, que rechazó sus acciones contra el otorgamiento de prórroga ordinaria a la Fiscalía y contra la admisión de la imputación en mayo último.

La exmagistrada -y hasta hoy única removida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)- a través de su abogada Raquel Talavera, promovió una reposición contra la providencia del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, mediante la cual convocó a la investigada a una audiencia a fin de oírla sobre el pedido de prórroga ordinaria solicitada por la Fiscalía.

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También había promovido un recurso de reposición contra la providencia del 22 de mayo de 2026, con la que el juez Otazú iniciaba el proceso contra la exjueza Nathalia Garcete en el marco de la causa penal N° 134.

En ambos casos el Tribunal de Apelación, integrado por Gustavo Amarilla, Camilo Torres y Silvana Luraghi, en forma unánime rechazaron la apelación subsidiaria relacionada a la audiencia convocada para escuchar a la imputada sobre el pedido de prórroga, mediante el Auto Interlocutorio (AI) N° 259, y también, la apelación subsidiaria contra la admisión de la nueva imputación, por AI N° 260.

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En el AI N° 259 se hace mención que la abogada Raquel Talavera, defensora de Nathalia Garcete, señaló que la Fiscalía solicitó prórroga ordinaria cuando el plazo para hacerlo ya había fenecido.

Sin embargo, los camaristas en forma unánime concluyeron que “no concurre ningún agravio para la defensa que hoy recurre el fallo apelado puesto que se encuentra pendiente la celebración de la audiencia para ser oídos los imputados y así decidir la concesión o no de la prórroga ordinaria, comprobándose finalmente que no se ha vulnerado ningún principio ni garantía de índole constitucional y procesal para las defensas”.

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En tanto que, en el AI N° 260 que hace referencia a la apelación subsidiaria sobre la admisión de la imputación contra Garcete y otras personas más, la abogada refiere que la Fiscalía hace un doble juzgamiento de hechos que ya se resolvieron serán debatidos en juicio.

Sobre dicho punto, la camarista Silvana Luraghi expuso que “los hechos expuestos en la imputación objeto de análisis en el presente recurso, se trataría de una nueva porción de hechos que deberá ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público”.

A su turno, Camilo Torres manifestó que sobre “la posibilidad de un doble juzgamiento, tenemos que analizado de manera individual el proceso paralelo citado por la defensa, nos da cuenta de que ambos refieren a tramos de conductas independientes- autónomos- correspondiendo a hechos punibles individuales – con fechas distintas, partes demandadas distintas, juicios civiles distintos”, votando así por el rechazo del recurso.

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El camarista Gustavo Amarilla por su parte, se adhirió a la postura de sus colegas.

Supuestas falsedades en cadena posibilitaron que Garcete dicte 151 resoluciones

De acuerdo con los elementos reunidos por los fiscales investigadores, la jueza Nathalia Garcete habría tenido la colaboración activa de los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala, y Sung Young Bang, así como de la ujier Mariam Ortiz y los actuarios Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda, quienes habrían practicado actos procesales y diligencias con apariencia de legalidad para avanzar el proceso judicial.

En tal sentido, la jueza Nathalia Garcete dictó al menos 151 resoluciones violando la ley, con el conocimiento de que las notificaciones dirigidas a los demandados no fueron diligenciadas realmente por la ujier, quien se limitaba a informar falsamente, siempre según la Fiscalía.

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Es así que, los abogados Juan Bogado, César Bogarín, Édgar Ayala y Sun Young Bang, se valieron a su vez de las cédulas de notificación con el informe del ujier sobre que las notificaciones fueron hechas, para solicitar al juzgado hacer efectivo el apercibimiento de tener por reconocidas las firmas en los pagarés.

Por su parte, la ujier Mariam Ortiz habría consignado falsamente en sus informes que las notificaciones fueron practicadas, lo que realmente no aconteció. Es así que los actuarios, Pablo Cabrera y Olivia Mosqueda elaboraron informes para dar ropaje legal de una tramitación procesal ajustada a la ley, que tendrían certificación falsa sobre la notificación de la ujier.

De esta forma los actuarios judiciales, con sus intervenciones en los procesos y el fin de dar la apariencia de legalidad, habrían colaborado para que la jueza Nathalia Garcete dicte las 151 resoluciones violatorias de la ley, bajo pleno conocimiento de que las notificaciones no fueron practicadas, siempre según la Fiscalía.