
Madre de joven salvadoreño desaparecido denuncia acoso policial y responsabiliza al Estado
La mujer encabeza la búsqueda de su hijo, un universitario que tenía 22 años al momento de su desaparición, ya que, según ha denunciado en repetidas ocasiones, ni la Fiscalía General n...
La mujer encabeza la búsqueda de su hijo, un universitario que tenía 22 años al momento de su desaparición, ya que, según ha denunciado en repetidas ocasiones, ni la Fiscalía General ni la Policía han asumido esa labor.
Abarca, que asegura que su hijo no tenía vínculo con las pandillas u otros grupos violentos, ha recorrido el país para pegar carteles con la fotografía e información del joven, acompañada de algunos familiares y otras madres buscadoras.
"Estamos sufriendo mucho acoso de la Policía y esta situación no es un juego. Hemos recibido muchas amenazas, insultos en redes sociales y expresiones de violencia", dijo la madre en una conferencia de prensa.
El joven Abarca desapareció el 1 de enero de 2022, día en que salió a correr cerca de su casa ubicada en un barrio populoso de San Salvador.
Su madre advirtió que responsabiliza al Estado salvadoreño por "cualquier situación que me suceda a mí o a algún integrante de mi familia, ya que lo único que he hecho es buscar a mi hijo, asumir el rol de investigadora que tendría que asumirlo la Fiscalía y la Policía".
"Nosotros nos ponemos en riesgo y somos víctimas, pero en lugar que me acompañen ¿qué hacen?, acosarme todo el tiempo", expresó.
A pesar de la actual situación, la madre del joven aseguró que no van a parar de "buscar a Carlos hasta encontrarlo".
En El Salvador, después de la llegada de Nayib Bukele a la Presidencia en 2019, las cifras de personas desaparecidas, cementerios clandestinos y cualquier tipo de violencia fueron puestas bajo secreto por las autoridades de Seguridad, la Policía y la Fiscalía, por lo que no se conocen las estadísticas oficiales de estos casos.
El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde marzo de 2022 para combatir a las pandillas, una medida señalada por organizaciones de violentar derechos pero que -según el Gobierno- ha permitido la reducción de la violencia en el país centroamericano.
