El organismo estatal, encargado de supervisar y fiscalizar el uso de los recursos y bienes públicos, afirmó que esta sobrecarga “ha generado el deterioro progresivo del santuario histórico, lo que representa una amenaza para su conservación e incluso el riesgo de perder la categoría de patrimonio cultural de la humanidad otorgado por la Unesco”.

En el informe se mostró que entre agosto de 2024 y diciembre de 2025 ingresaron sin ser registrados en la plataforma estatal de control ciudadanos y residentes de Cusco de forma directa -con ingreso gratuito los domingos-, así como delegaciones de estudiantes peruanos de nivel primaria y secundario.

Además, entraron a Machu Picchu sin ser contabilizados visitantes provenientes de la Red de Caminos Inca, así como guías de turismo, pese que sí aparecen registrados en la plataforma estatal.

Por esta situación, se identificó la presunta responsabilidad administrativa de tres servidores públicos de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco y del Ministerio de Cultura, quienes no controlaron el número de visitantes al monumento mediante un registro previo en la plataforma estatal para ser contabilizados. La Contraloría señaló que esas instituciones aprobaron un documento interno que establece que el ingreso de los guías de turismo no afecta el aforo, “lo cual carece de respaldo técnico o legal”.

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