Lusipar: ARP expresa su preocupación por “señales de impunidad”
Los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lus...
Los 29 campesinos imputados por el intento de invasión de la estancia Lusipar fueron beneficiados con medidas sustitutivas a la prisión, por lo que ninguno permanece actualmente en la cárcel regional de San Pedro. Sus aprehensiones se habían registrado luego de un atropello y enfrentamiento con uniformados el 5 de diciembre.
Ante la liberación de los detenidos, la ARP emitió un pronunciamiento y señaló su preocupación al respecto, ya que también apuntan que fue beneficiado Ángel Larrea, a quien califican como “el incitador de la violenta invasión de una propiedad privada”.
Para los ganaderos hay “señales de impunidad” y apuntan que los hechos investigados incluyen la invasión de inmuebles rurales, el atropello de portones y barreras de seguridad, así como ataques que dejaron policías heridos por arma de fuego.
“Se trata de conductas de extrema gravedad que afectan el Estado de derecho, la propiedad privada y la seguridad de productores, trabajadores y comunidades enteras del interior del país”, agregan.
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“Un mensaje equivocado”El gremio también apunta que si bien respetan al Poder Judicial y las decisiones de los magistrados, también “advierte” que una liberación generalizada “envía un mensaje equivocado a la ciudadanía”.
Asimismo, aseguran que las medidas alternativas no pueden convertirse en un “atajo para vaciar de contenido las investigaciones” y tampoco para relativizar la gravedad de las invasiones o la violencia extrema.
“Exhortamos a que las causas penales sigan su curso con objetividad y rigor, que se determinen responsabilidades individuales y que, en caso de comprobarse los hechos, se apliquen sanciones proporcionales”, publican.
Finalmente, instan a un cumplimiento de las medidas dictadas por el caso para una “paz en el campo” y sostienen que “no puede haber verdadera paz social con el uso de la violencia, sin respeto a la Constitución, a las leyes y a las decisiones judiciales legítimas”.
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