
Los sobres del Poder: Luz Candado presenta denuncia contra Santiago Peña y el fiscal general
La acción apunta además a determinar la responsabilidad penal de la exprimera dama de la nación Leticia Ocampos, de los efectivos de las Fuerzas Armadas que realizaron pruebas poligráficas dent...
La acción apunta además a determinar la responsabilidad penal de la exprimera dama de la nación Leticia Ocampos, de los efectivos de las Fuerzas Armadas que realizaron pruebas poligráficas dentro de la residencia oficial, de los mandos superiores que autorizaron ese operativo y de los funcionarios del Gabinete Civil que ejecutaron los despidos.
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El escrito, patrocinado por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Juan Pablo Mendoza, también es suscrito por el esposo de Candado, Hugo Ramón Romero Villanueva, y el hijo de ambos, Fabrizzio Gonzalo Romero Candado.
“El viernes, en forma absolutamente inaudita, sin que me comentaran a mí y sin que nadie sepa, funcionarios del Ministerio Público del área de protección a testigos se constituyeron al domicilio de Luz Candado, le hicieron firmar un documento y ni le dejaron una copia. Me avisaron a mí que a partir de ese documento que firmó ella, ella ya no podría estar exponiéndose ni haciendo exposiciones sobre este tema a la prensa y a otros lugares”, denunció el representante legal.
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Por ese motivo, tomaron la decisión de denunciarle al fiscal general del Estado; Emiliano Rolón Fernández conjuntamente con el expresidente Santiago Peña por los hechos cometidos de coacción grave, lesión grave, frustración de la persecución penal, de todo el caso que se conoce como “Los Sobres del Poder”. “Le hicieron firmar un documento. ¿A qué se comprometió? ¿Qué es lo que tiene que cumplir Luz Candado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y sin avisarme a mí, habiéndome contactado y teniendo mi número”, denunció Duarte Cacavelos.
Los sobres del poderCandado Romero trabajó para la familia Peña Ocampos desde diciembre de 2019 en su residencia particular del barrio Santísima Trinidad. Según el escrito, durante ese periodo sus empleadores omitieron los aportes al Instituto de Previsión Social (IPS). Luego, tras la asunción presidencial en agosto de 2023, ella fue nombrada coordinadora en Mburuvicha Róga.
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El conflicto se remonta a dos hallazgos ocurridos en el quincho de la residencia presidencial: el primero el 14 de octubre de 2024 y el segundo a fines de febrero de 2025, consistentes en paquetes que contenían aproximadamente US$ 100.000 en efectivo cada uno. Candado relata que entregó el dinero personalmente a Peña el 17 de junio de 2025, quien reconoció la propiedad de los fondos con la frase: “Sí, Luz, eso es mío, decile a las chicas que si encuentran, es mío”.
Sin embargo, semanas después y tras un reclamo inicial de Leticia Ocampos por una puerta mal cerrada, el 22 de julio de 2025 el entonces presidente acusó directamente a Candado por la supuesta desaparición de dinero en efectivo de su vestidor, negándose a precisar el monto faltante.
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Al día siguiente, 23 de julio, la trabajadora, su esposo, su hermana y su hijo quien entonces era menor de edad, fueron sometidos dentro de Mburuvicha Róga a pruebas de polígrafo realizadas por personal militar. Según la denuncia, no se les exhibió registros ni informes técnicos, simplemente se les comunicó que habían reprobado el examen, se les exigió devolver el dinero y toda la familia fue desvinculada de sus puestos sin sumario administrativo previo.
La acusación contra el fiscal general del EstadoLa denuncia dedica un apartado a la actuación de Emiliano Rolón Fernández, a quien se atribuye una decisión deliberada de no investigar para garantizar la impunidad del entonces Jefe de Estado.
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Candado hizo públicos los hechos el 16 de septiembre de 2025 a través de investigaciones periodísticas realizadas por ABC Color, a lo que siguieron dos denuncias formales ante el Ministerio Público: una presentada por abogados el 25 de septiembre y otra por legisladores el 2 de octubre de ese año.
Pese a contar con una testigo directa y respaldos documentales, la Fiscalía mantuvo la causa paralizada durante catorce meses. Según el documento, Rolón Fernández descalificó públicamente la coherencia del relato de la denunciante, mantuvo las presentaciones sin asignación fiscal durante meses y mantenía reuniones privadas con Peña en Mburuvicha Róga fuera de la agenda oficial.
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Recién el 6 de noviembre de 2026, mismo día en que el Congreso destituyó a Peña vía juicio político por mal desempeño de funciones, la Fiscalía citó a declarar a Candado para incorporar el episodio de los paquetes de dinero a la imputación por el caso Ueno Bank, allanando posteriormente la residencia presidencial el 12 de noviembre.
“Durante más de un año permanecí, ante la opinión pública y ante mi propio entorno, como la empleada sospechada de haber robado al presidente, sin que ninguna autoridad examinara si la acusación tenía algún sustento. El Estado, que me había agraviado a través de su presidente, volvió a hacerlo a través de su fiscal general”, sostiene la denunciante en el escrito.
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Daños a la salud y diligenciasLa presentación invoca violaciones a la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará, la CEDAW y las 100 Reglas de Brasilia, señalando delitos posibles como coacción grave, lesión grave, usurpación de funciones públicas y frustración de la persecución penal.
Asimismo, documenta que el estrés derivado del hostigamiento, el desempleo y la inacción judicial provocó la reactivación del lupus que padece Candado, confirmada mediante estudios médicos a inicios de 2026.
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Ante el riesgo de pérdida o alteración de pruebas tras el recambio de autoridades en el Poder Ejecutivo, los abogados solicitaron seis medidas de carácter urgente, entre las que destacan: el secuestro de los libros de guardia, planillas de ingreso y grabaciones de circuito cerrado de Mburuvicha Róga, incluyendo el registro de visitas del propio Fiscal General del Estado.
También solicitan la identificación oficial de los poligrafistas militares mediante informes al Ministerio de Defensa, la extracción forense del teléfono de la víctima, pericias médicas reumatológicas y el anticipo jurisdiccional de prueba para su testimonio.
abccolor · 16 11 2026 LPM - César Sosa, Gobernador de Guairá
