Después de que el Frente Popular de Liberación de Tigré (FPLT) comenzase los reclutamientos, Binam Hadera, profesor de inglés en la ciudad de Axum, contó a EFE que decidió trasladarse a Adís Abeba.

"Decidí venir aquí después de ver cómo reclutaban a jóvenes para el servicio militar en la ciudad. Nunca pensé que esto me pasaría en la vida", declaró Binam, de 38 años.

Desde Mekele, capital tigrina, un empleado de formación profesional dijo a EFE, bajo anonimato por motivos de seguridad, que vio cómo agentes de seguridad enmascarados se llevaron a su hermano de 23 años y otros jóvenes a centros de entrenamiento militar.

"Lo que están haciendo es injusto (...). Los jóvenes tienen derecho a decidir su futuro por sí mismos, no por quienes ostentan el poder", añadió.

La preocupación invade a las familias en la ciudad, cuyas calles antes abarrotadas de gente ahora se vacían al anochecer.

"Es muy raro ver las calles de Mekele con tan poca gente. Todos los comercios cierran antes de las seis de la tarde", confirmó a EFE Helen, dueña de una tienda la capital y quien sólo se identificó con su nombre de pila por razones de seguridad.

El pasado 3 de julio, se viralizó un vídeo en redes sociales que mostraba a jóvenes siendo introducidos a la fuerza en autobuses mientras lloraban sus familiares.

Letebraham Tesfay, residente de la ciudad de Adigrat, cercana a la frontera con Eritrea, afirmó que las fuerzas de seguridad la maltrataron por esconder a su hijo, que ya fue herido en el ojo izquierdo durante la guerra que azotó la región entre 2020 y 2022 y causó al menos 600.000 muertos, según el mediador de la Unión Africana, el expresidente nigeriano Olusegun Obasanjo.

"Vinieron a mi casa y me preguntaron dónde estaba mi hijo. Les dije que se había ido del pueblo. Entonces me arrestaron, me encarcelaron y me liberaron dos días después", contó Letebraham a EFE por teléfono.

"No quiero que mi hijo muera", recalcó la madre.

El asesor del primer ministro de Etiopía en Asuntos de África Oriental y expresidente de la administración interina de Tigré leal a Adís Abeba, Getachew Reda, acusó en redes sociales a los líderes del FPLT de intentar "perpetrar otra masacre" de jóvenes.

La Comisión Etíope de Derechos Humanos (EHRC) -organismo autónomo, pero cuyo jefe es designado por el Parlamento- y organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) también han criticado esta normativa.

La EHRC y HRW constataron que la ley de reclutamiento impone la pena de muerte para una serie de delitos y prevé penas de prisión de hasta 25 años para quienes critiquen o se resistan al alistamiento, con multas de hasta 50.000 birrs etíopes (unos 275 euros) a quienes evadan las órdenes de movilización o deserten del servicio.

Además, lamentaron las redadas puerta a puerta y el reclutamiento de menores de edad.

Sin embargo, miembros del Comité Ejecutivo del FPLT, como Fetlework Gebregziabher, calificaron estas noticias de "desinformación deliberada" para sembrar miedo entre la población.

Pero en el canal público regional Tigray Television, el responsable de la Oficina de Asuntos de Comunicación de Tigré, Abraham Hagos, reconoció la necesidad de defenderse ante la "amenaza existencial" del Gobierno federal.

El FPLT reinstauró en mayo pasado el gobierno regional que regía en Tigré antes de la guerra, suspendido durante los últimos años, tras rechazar la extensión en abril del mandato de la administración provisional tigrina establecida mediante el Acuerdo de Pretoria, que puso fin a la guerra de 2020-2022.

Desde 2025 el Gobierno federal y el FPLT mantienen disputas sobre cómo aplicar el acuerdo y gobernar la región, donde cada parte acusa a la otra de movilizar fuerzas armadas.