La recomendación, aprobada en el Consejo de ministros de Empleo y Política Social de la UE (EPSCO), propone desde la detección temprana de los hogares en riesgo hasta una ventanilla única para las personas sin hogar y más inversión en vivienda social y asequible.

Sobre los desahucios, el texto pide reforzar las salvaguardas frente a las expulsiones forzosas, en particular de familias con hijos, y a la vez mejorar la claridad jurídica y la eficiencia de los procedimientos, respetando los derechos de los propietarios.

"Todo el mundo merece un lugar seguro al que llamar hogar y la recomendación de hoy ofrece a los Estados miembros un marco integral para prevenir el sinhogarismo, apoyar a quienes se encuentran sin hogar y ayudarles a acceder a una vivienda segura y duradera", afirmó el ministro irlandés de Vivienda, James Browne, cuyo país ejerce la presidencia rotatoria del Consejo.

Los Estados miembros respaldan así un mismo marco de actuación, pero la recomendación no obliga a nadie, ya que la vivienda es una competencia nacional que, en muchos países, se reparte entre regiones y municipios.

Se anima a los Estados a informar cada cinco años a la Comisión sobre la eficacia de sus estrategias, y Bruselas hará un primer balance ante el Consejo en 2031.

Para prevenir, propone detectar cuanto antes a los hogares en riesgo, por ejemplo con sistemas de alerta temprana, y apoyarlos con asesoramiento sobre deudas, salvaguardas frente a los desahucios forzosos, ayudas de emergencia al alquiler y mediación.

Incluye además el compromiso de los Estados de que ningún menor carezca de una vivienda adecuada y de que los jóvenes que salen de centros de acogida tengan acceso a vivienda y apoyo.

Para quienes ya están sin hogar o en situación de exclusión, plantea una ventanilla única que permita derivar de forma rápida y sencilla a los servicios de seguridad social, asistencia social y atención social y sanitaria.

Plantea también planes de apoyo adaptados a cada persona tras una valoración individual, acompañados por equipos multidisciplinares de proximidad en los que participen profesionales sanitarios, trabajadores sociales y bancos de alimentos.

El Consejo reconoce además que la falta de vivienda social y asequible agrava el problema, y propone aumentar su oferta con inversión pública y privada en viviendas nuevas y rehabilitadas, un mejor aprovechamiento del parque existente y apoyo a modelos alternativos y sin ánimo de lucro.

La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, subrayó a su llegada que "es imposible llegar a una inclusión plena sin un acceso a una vivienda asequible" y puso en valor el fondo de impacto social de su departamento, dotado con 400 millones de euros y al que definió como una fórmula de éxito de la colaboración público-privada.

El Consejo estima que el sinhogarismo afecta a más de un millón de personas en la UE y recuerda que los precios de la vivienda subieron más de un 60% entre 2013 y 2024, por encima de la renta de los hogares.