La senadora cartista Lizarella Valiente, investigada en la Contraloría por supuesta inconsistencia entre su salario y bienes, admitió que la referida iniciativa surgió tras el escándalo protagonizado por el “pornoempresario” Luis Augusto Montanaro Bedoya, quien supuestamente comercializó, sin consentimiento, imágenes y videos sexuales con terceros, materiales en que aparecerían parejas de políticos y empresarios.

Valiente propone modificar el artículo 144 del Código Penal de la “Lesión del derecho a la comunicación y a la imagen” para que la pena de dos años sea elevada hasta cinco y siete años de cárcel inclusive.

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Establece que la pena será aumentada hasta siete años cuando los videos o imágenes tomadas en un recinto privado propio o ajeno, sin el consentimiento del afectado, hayan sido comercializados en plataformas digitales o en soportes magnéticos compatibles para su reproducción.

“Consideramos que el daño causado a las víctimas cuya intimidad se haya violentado con la exposición de videos íntimos es irreparable y han llegado hasta el suicidio. Por eso pedimos la colaboración de la ciudadanía, así también del pleno del Senado para que estas penas aumenten”, dijo.

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