El 17 de diciembre del año pasado, en su última sesión antes del receso parlamentario, la Cámara de Diputados aprobó un pedido de informes dirigido a la Seprelad, para que su titular, Liliana Alcaraz, detalle principalmente la lista de aportantes privados para la Cumbre del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), datos que la ministra guarda hasta ahora bajo llave hasta para el Congreso y además con burlescos argumentos.

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El pasado 23 de enero llegó la “respuesta” de Alcaraz a dicho pedido de informes, aunque realmente podría tomarse a modo de burla, ya que, así como apelaron a una sentencia judicial para evitar informar sobre su “sponsors” privados, al Congreso le alegaron una supuesta “confidencialidad” que el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Roberto González (ANR, FR), rebatió con firmeza.

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Según la respuesta de Seprelad, salvo los servicios de audiovisual, traducciones y protocolo, en los otros ítems hubo aportes del sector privado (ver facsímil).

Incluso la controvertida “Cena de delegados”, de la que participaron abogados de procesados por lavado de dinero, registró aportes privados, los cuales Seprelad se niega a dilucidar.

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La misma alegó que la legislación establece la “reserva y confidencialidad de los datos de los Oficiales de Cumplimiento” y de los Sujetos Obligados y que por ello, supuestamente, “el listado de participantes del Sector Privado posee carácter reservado, considerando la naturaleza de las funciones desempeñadas”.

González respondió a Alcaraz recordándole que “los datos solicitados no incluyen ni tratan de información clasificada o sensible que pueda comprometer investigaciones en curso” y que el pedido “refiere exclusivamente a la transparencia de una actividad pública” de Seprelad.

Acotó que el pedido de informes del Congreso tiene rango constitucional, sumado a la obligación que impone la Ley de Acceso a la Información Pública.