Águeda Pereira explicó que, este año, persiste una profunda inquietud entre los pocos familiares que aún quedan de los líderes de las Ligas Agrarias Cristianas, especialmente en el departamento de Misiones y, particularmente, en el distrito de Santa Rosa.

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Según señaló, las indemnizaciones previstas en la Ley N.º 838/96 y sus modificaciones, en especial la Ley 3603/08, han sido suspendidas, afectando a los hijos de las víctimas que sufrieron violaciones a sus derechos humanos cuando eran menores de edad y no fueron indemnizados en vida por sus progenitores.

La abogada alertó sobre un retroceso en la aplicación de la Ley 3603/08, lo que genera preocupación respecto al debido proceso y a las garantías de protección de los derechos humanos de los campesinos sobrevivientes de la represión ocurrida en abril de 1976.

“Esta es una de las mayores preocupaciones de los familiares de las víctimas de la dictadura”, afirmó.

Asimismo, Pereira advirtió que la mayoría que posee el partido de gobierno en ambas cámaras dificulta avanzar en la modificación de la Ley 3603/08.

Actualmente, los afectados reclaman al Gobierno Nacional una reforma, considerando que se trata de un derecho adquirido y respaldado por una resolución de la Corte Internacional, la cual Paraguay debe cumplir obligatoriamente.

“Es una situación difícil, pero seguimos luchando para que se respeten nuestros derechos y para acceder a esa pequeña indemnización que representa, más que un monto económico, el reconocimiento de que se hicieron las cosas correctamente y de que en Paraguay se puede pensar diferente, tener un ideal y no estar siempre sometidos a un sistema que atenta contra la democracia”, expresó Pereira.

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