En comunicación con ABC Cardinal este martes, el senador independiente Eduardo Nakayama comentó sobre la decisión de la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores – que él integra – de recomendar el rechazo de un proyecto de ley que buscaba eliminar una laguna legal que limita la persecución penal de algunos casos de abuso sexual infantil.

abccolor · 18 11 2025 LPM - Eduardo Nakayama, Senador

Ayer lunes, la Comisión de Legislación del Senado dictaminó por unanimidad en contra del proyecto de ley que propone modificar el Código Penal para eliminar la exigencia de que, en hechos de abuso sexual contra niños, los actos sexuales estén “dirigidos” a la víctima.

Según el argumento que sustenta de la propuesta legislativa, la disposición de que los actos sexuales estén “dirigidos” a la víctima limita la persecución penal en casos donde menores de edad son expuestos a actos sexuales manifiestamente relevantes sin ser destinatarios directos de ellos.

Interpretación “casi totalmente arbitraria”

El senador Nakayama argumentó hoy que el proyecto de ley atenta contra el “principio de legalidad” que establece que “la ley penal necesita cumplir el requisito fundamental de que no puede existir pena sin una ley estricta y previa” y agregó que en la propuesta de modificación del Código Penal “se creaban nuevos tipos penales” de acuerdo una interpretación “casi totalmente arbitraria”.

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Añadió que cualquier modificación del Código Penal debe conllevar “un estudio bastante minucioso para evitar que distorsione todo el corpus”.

“A veces puede haber una ley que tenga buen propósito, inspirada en hacer el bien, pero que no reúna los requisitos necesarios para aprobarla en comisiones técnicas”, subrayó.

El proyecto de ley de modificación del Código Penal, que también propone elevar penas carcelarias en casos de abuso sexual en menores, sería tratado en el pleno del Senado mañana miércoles.

“Vergüenza” en el Indert

El senador Nakayama comentó también sobre el escándalo que gira en torno al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) por la venta a un precio inusualmente bajo de un terreno ubicado en el municipio de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, en las inmediaciones de donde se construirá un puente sobre el río Paraguay que permitirá cruzar desde y hacia Brasil,como parte del Corredor Bioceánico que conectará por tierra los océanos Atlántico y Pacífico.

En 2021, el Indert emitió una resolución otorgando a Adolfo Gabriel Francisco Ehreke un predio de 29 hectáreas, 12 de las cuales fueron despojados de la Dirección Nacional de Aduanas, actualmente parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios. El terreno se encuentra a pocos metros del río Paraguay, en una zona en que Aduanas planeaba poner instalaciones para la zona primaria del futuro puente internacional.

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El Indert cobró a Ehreke apenas poco más de 18 millones de guaraníes por el terreno (poco más de 600.000 guaraníes por hectárea) en una zona en la que actualmente los precios llegan a más de 160 millones de guaraníes por hectárea.

Si bien la resolución original – de abril de 2021 - fue emitida durante una administración anterior del Indert, en mayo de 2024 la actual administración del presidente Francisco Ruiz Díaz dejó sin efecto una resolución de junio de 2021 que fraccionaba el terreno en cuestión, otorgando 17 hectáreas a Ehreke y 12 a la Dirección de Aduanas.

El senador Nakayama calificó el caso como “una vergüenza” y opinó que el Estado debería priorizar “un medio que va a unir dos países y dos océanos” por sobre intereses particulares.

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“Resulta que del lado brasileño (del puente) van a tener todas sus instituciones y de este lado no porque al presidente (del Indert) se le ocurrió venderle a Ehreke”, protestó, y agregó que detrás del caso hay intereses de “narcotraficantes” y “políticos”.

“Es vergonzoso que se le de este tratamiento a una cuestión que debería ser de Estado”, añadió, y afirmó que el Indert se ha convertido en “una inmobiliaria de las familias poderosas”.