El Poder Ejecutivo presentó en febrero pasado una nueva versión del proyecto de ley de la Función Pública y la carrera del Servicio Civil, que busca luchar contra posibles casos de nepotismo en el Estado.

La nueva versión del proyecto presenta modificaciones en relación a las acciones de inconstitucionalidad que se plantearon contra la Ley N° 1.626 de la Función Pública y que impedían su aplicación, según reveló la viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional (ex Scretaría de la Función Pública) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Andrea Picaso.

Agregó que tuvieron en cuenta para las modificaciones los alegatos relacionados a las 24 acciones de inconstitucionalidad que plantearon entes -como la Corte Suprema de Justicia (CSJ), municipalidades y otras instituciones autárquicas- contra la ley 1.626.

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“Se define la autoridad de aplicación de una manera diferente de modo a que se reconoce la autonomía constitucional de los diferentes poderes del Estado, ese es el principal cambio del proyecto presentado”, mencionó.

Precisó que el principal cuestionamiento de los accionantes era que la ex Secretaría de la Función Pública se tomaba atribuciones sobre otros poderes del Estado, atentando contra la autonomía constitucional de la que gozan. “En la propuesta de ley presentada en febrero de este año, realmente esto es lo que pretende cambiar, justamente darle y reconocer la autonomía de los diferentes poderes del Estado y que sean estos las autoridades de aplicación de una norma que tenga que ver con la función pública y la carrera civil”, dijo.

Picaso aseguró que la eventual ley no correría la misma suerte que la ley 1.626 y podría ser aplicada, cumpliendo con el espíritu de la ley, con el reconocimiento de estas instituciones al consignarlas como autoridades de aplicación de la normativa.

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“Los principios generales del proyecto son el ingreso por concurso, y todos queremos eso. El Poder Judicial lo va a poder hacer y no será la exSecretaría de la Función Pública, de la Presidencia, la que le rija o tenga ciertas atribuciones sobre otros poderes del Estado, como es la Corte”, declaró.

“El concurso lo tenemos que aplicar todos. Después la Corte puede aplicar cómo quiere su concurso, pero va a tener que aplicar un concurso para el ingreso y la promoción de sus funcionarios”, agregó.

La viceminsitra comentó que actualmente se encuentran en la etapa de negociociones con los gremios que estarían afectados sobre derechos colectivos y sindicalizaciones. “Hoy nos estamos abocando a este diálogo y a esta construcción, entendiendo si hay espacios de mejoras en la redacción”, expresó.

También puntualizó otro de los puntos negociados con los gremios tiene relación con los años requeridos para obtener la estabilidad laboral, que el proyecto plantea de 4 años.

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Con relación a los cuestionamientos de docentes, explicó que este gremio se contempla de manera general en el proyecto, pero no así en lo que respecta a la ley de carrera civil.