En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Armindo Torres, director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, comentó que el miércoles el senador cartista Gustavo Leite (ANR) “subsanó” el “error involuntario” en que incurrió al no hacer constar su cargo en una organización no gubernamental en su declaración jurada de intereses.

Esta semana, el senador Leite admitió que no incluyó en su declaración jurada de intereses, que presentó a Contraloría en octubre de 2023, su vinculación con la organización civil Comunidad Cenáculo en Paraguay, que administra un centro de rehabilitación “espiritual” de personas que sufren de adicciones y de la que Leite dijo haber sido tesorero hasta mediados de 2023.

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“Ayer subsanó el error, manifestó que no declaró por error involuntario”, dijo Torres.

El representante de la Contraloría admitió que la institución tomó conocimiento de esa inconsistencia en la declaración de intereses del senador Leite e inició una verificación del caso recién esta semana.

Explicó que, según la ley de declaración jurada de intereses, el legislador cartista estaba obligado a declarar cargos privados que tuviera en paralelo a sus funciones públicas y la Contraloría debía apercibir al senador para que subsane su error en un plazo de diez días desde el inicio de la verificación.

Con la corrección que ya fue hecha, el caso será archivado.

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Torres comentó que ayer la Contraloría también recibió documentos e informes solicitados a la Comunidad Cenáculo en Paraguay sobre los detalles del cargo que Leite ocupaba en la ONG y añadió que se seguirá trabajando en verificar si el senador no tiene otro cargo privado que no haya declarado.

Señaló que también corresponde a Contraloría evaluar la posibilidad de un conflicto de intereses en la presentación por parte de Leite de proyectos de modificación de la ley de fomento de biocombustibles y alcohol que habrían beneficiado a un secretario de la ONG Comunidad Cenáculo en Paraguay, quien había adquirido bienes e inmuebles de una azucarera poco antes de la presentación de los proyectos legislativos.

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Torres prometió un “análisis integral” y la emisión de un informe “en el menor tiempo posible”.