En un comunicado publicado este miércoles, la organización de derechos humanos destacó que cada vez más miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) dan "pasos positivos para reducir el uso y el alcance de la pena de muerte, generando un nuevo impulso hacia su abolición".

AI remarcó que esta región ha estado "históricamente asociada a un fuerte respaldo a este castigo cruel", pero en los últimos 20 años esa tendencia ha cambiado, salvo en Singapur, que lleva este año 19 ejecuciones, rompiendo el récord de 17 muertes computadas en 2025.

La isla, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo, defiende leyes antidrogas draconianas que contemplan la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.

"Los avances logrados por muchos países ponen de relieve el aislamiento de Singapur como una excepción en la región, dado que las ejecuciones a nivel mundial se limitan a un pequeño grupo de países", sostiene el escrito, publicado con motivo del Día Mundial contra la Pena de Muerte, que se conmemora el 10 de octubre.

De la ASEAN, en las últimas dos décadas Camboya, Filipinas y Timor Oriental abolieron la pena de muerte, mientras que Indonesia cumplió 10 años sin ejecutar prisioneros y Tailandia lleva ocho años también en pausa.

Malasia no ejecuta desde 2017 y declaró una moratoria de la pena de muerte en 2018, que dio paso en 2023 a la derogación de la pena de muerte obligatoria. El Gobierno malasio anunció en 2025 que estudia la abolición completa de este castigo.

Según AI, las autoridades de Brunéi y Laos "también han mantenido suspensiones en las ejecuciones, imponiendo condenas a muerte de manera muy esporádica en las últimas décadas".

No obstante, Birmania, controlada por un Gobierno militar que tomó el poder con un golpe en 2021; y Vietnam, que no informa de las ejecuciones amparada en una ley de secretos de Estado; "mantienen una postura firme" en cuanto al uso de ejecuciones en el sistema de justicia.

"Solo Birmania (Myanmar), Singapur y Vietnam han registrado ejecuciones en los últimos cinco años", afirmó Joshua Ericsson, director ejecutivo de Amnistía Internacional Malasia, citado en la nota.