Ante agentes de la Policía Nacional de Pedro Juan Caballero, Helga Lizany Concepción Solís Gómez (40) se presentó anoche luego de permanecer con orden de detención en el marco de la investigación fiscal derivada de los chats extraídos del celular del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes, causa conocida como #LaMafiaManda.

Según trascendió, la funcionaria manifestó que sabía que sería localizada en la frontera, por lo que decidió ponerse a disposición de las autoridades.

Tras su entrega, fue trasladada directamente a Asunción, donde este miércoles deberá comparecer ante los fiscales de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y el Crimen Organizado.

La imputada se desempeña como asistente fiscal del Ministerio Público y, hasta hace poco, se encontraba comisionada en la Municipalidad de Cerro Corá.

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Fiscalía la señala como una operadora clave del Clan Gomes

De acuerdo con la imputación presentada por los fiscales Ingrid Cubilla, Luis Said, Christian Ortiz y José Morínigo, Helga Lizany Solís Gómez habría actuado entre los años 2019 y 2023 como una operadora de confianza del denominado Clan Gomes, presuntamente utilizando su posición dentro del Ministerio Público para favorecer intereses de la organización.

La investigación sostiene que la asistente fiscal habría servido como nexo estratégico para direccionar causas penales, influir en decisiones judiciales y fiscales, así como filtrar información reservada relacionada con investigaciones y operativos.

Los fiscales la describen como una figura clave para garantizar acceso a información sensible y obstaculizar procedimientos que afectaban al entorno de “Lalo” Gomes.

Incluso, la imputación señala que habría facilitado contactos con jueces, fiscales y defensores públicos para impulsar estrategias procesales favorables a integrantes o allegados del grupo investigado.

Casos que menciona la imputación

Entre los hechos atribuidos a Solís Gómez figuran supuestas gestiones para beneficiar a personas vinculadas a causas penales de alto perfil.

La Fiscalía sostiene que en 2019 habría intervenido para modificar aspectos de un procedimiento relacionado con Kadú Cezar Machado, señalado como supuesto integrante del Primer Comando da Capital (PCC), con el objetivo de favorecer una calificación jurídica menos gravosa.

Asimismo, se le atribuyen gestiones para evitar procesos judiciales durante la pandemia, supuestas intervenciones en una investigación por lesión de confianza y estafa bancaria vinculada a fondos desviados del Banco BBVA, además de acciones destinadas a favorecer a procesados por tráfico de drogas y otros hechos criminales.

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Información sensible sobre operación Sanctus

Otro de los puntos centrales de la imputación guarda relación con la operación Sanctus, realizada en diciembre de 2023.

Según el Ministerio Público, la funcionaria habría filtrado información sensible sobre el operativo y posteriormente coordinado acciones con funcionarios de la Senad para evitar que el nombre de “Lalo” Gomes apareciera vinculado a la fuga del presunto narcotraficante brasileño Ronaldo Mendes Nunes.

A partir de estos antecedentes, los fiscales concluyen que Solís Gómez habría sido una “pieza fundamental para la infiltración y manipulación del sistema de justicia”, permitiendo al Clan Gomes acceder a información estratégica y neutralizar investigaciones en su contra.

También fueron imputados altos mandos de la Senad

La causa #LaMafiaManda también derivó en la imputación de cuatro altos mandos de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad): el director general antidrogas Hugo Derlis Baptista Báez; el director de Inteligencia, Cristian Porfirio Amarilla Cabaña; el coronel Aldo Osmar Pintos Martínez, excomandante de Fuerzas Especiales; y la jefa de Investigación del Crimen Organizado, Alicia Marlene Vázquez Samaniego.

Según la Fiscalía, los agentes habrían proporcionado información sensible a “Lalo” Gomes, colaborado en la frustración de procedimientos y omitido datos relevantes en investigaciones vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero.

Hasta el momento, todos los imputados se pusieron a disposición de las autoridades, con excepción de Hugo Baptista, quien continúa con orden de detención pendiente de ejecución.

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Fiscalía solicita prisión preventiva

El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Helga Lizany Solís Gómez y de los funcionarios de la Senad procesados en la causa.

La decisión quedará a cargo del juez Humberto Otazú, quien actualmente interina al magistrado Osmar Legal.