La decisión prohíbe también la venta, suministro, transferencia o exportación a Sudán de mercurio y cianuro, sustancias químicas ampliamente utilizadas en la minería y la explotación del oro, salvo en casos de bienes destinados a fines humanitarios, emergencias de salud pública o a la respuesta a catástrofes.

Ambas medidas incluyen además la prohibición de prestar servicios relacionados, como asistencia técnica, intermediación o asistencia financiera.

El oro se ha convertido en una fuente clave de ingresos que sostiene el conflicto en Sudán, según el Consejo, que con estas restricciones busca reducir los recursos disponibles para quienes perpetúan la violencia.

El conflicto, iniciado en 2023 entre las Fuerzas Armadas de Sudán (FAS) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), llevó al Consejo a adoptar un marco de sanciones en octubre de ese año, actualizado regularmente desde entonces, con la última lista de sancionados aprobada en enero de este año.