En un informe aprobado durante su 82 Asamblea General, que concluye este domingo en Bogotá, la SIP señaló que, aunque la prensa paraguaya muestra "avances en innovación y transformación digital", enfrenta "crecientes amenazas a su independencia y sostenibilidad", como "el uso discrecional de la publicidad estatal", el "hostigamiento judicial", la "violencia impune" contra periodistas y campañas de desinformación.

La SIP ubica su análisis en un contexto "atravesado por investigaciones periodísticas sobre posibles irregularidades en el uso de recursos públicos, tensiones políticas dentro del oficialismo y movilizaciones sociales relacionadas con el presupuesto nacional y los servicios públicos".

El documento advierte, entre otros, sobre presuntas "estructuras digitales de desinformación" -denunciadas por el diario local ABC Color-, que habrían utilizado Facebook, Instagram y anuncios de Google para difundir contenidos contra periodistas y políticos críticos al Gobierno, incluidos materiales falsos, manipulados o generados mediante inteligencia artificial.

El caso motivó "solicitudes de información e investigación en el Congreso y generó cuestionamientos sobre la eventual utilización de recursos públicos", advirtió la SIP.

A raíz de las denuncias sobre la supuesta 'Red Desinformante', el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) reclamó en julio pasado la destitución del ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Gustavo Villate. De igual forma, alertó "presiones" contra la Radio Cáritas para que descartara de sus redes una publicación relacionada con este caso, bajo "la amenaza -según la denuncia del medio- de retirar pauta publicitaria estatal".

Igualmente, la SIP mencionó que el presidente paraguayo, Santiago Peña, -cuyos vínculos financieros fueron objeto de revisión por parte de la prensa- cuestionó públicamente trabajos periodísticos, calificó de "extorsión" investigaciones de medios e "insinuó que periodistas podrían recibir financiamiento de organizaciones criminales", al responder a preguntas de una reportera sobre su patrimonio.

Entre los ataques a periodistas, la organización documentó el caso del comunicador César Candia, cuyo vehículo fue incendiado por un desconocido encapuchado en septiembre pasado. Asimismo, indicó que en junio pasado fueron halladas culpables dos personas por las amenazas de muerte desde perfiles falsos en redes sociales contra el periodista Carlos Benítez, cuya casa fue atacada a tiros en septiembre de 2025.

También el informe recoge la "preocupación" expresada por el gremio local en torno el proyecto de ley 'De Prevención, Protección y Asistencia a Periodistas y Trabajadores de Prensa Víctimas de Violencia' impulsado en el Senado, en relación con la "discrecionalidad" que otorga al Ejecutivo para determinar quiénes recibirían medidas de protección, lo supone un riesgo "de que el mecanismo pudiera ser utilizado de manera selectiva".

Por otra parte, la SIP reseñó el acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpas públicas que el Estado Paraguayo ofreció en julio pasado a la familia del periodista Santiago Leguizamón Zaván, asesinado en 1991 en la ciudad de Pedro Juan Caballero (norte), fronteriza con Brasil, en cumplimiento de una medida ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.