"Las restricciones al acceso a la información, las presiones sobre medios y periodistas, los cuestionamientos a la distribución de la publicidad estatal y las iniciativas regulatorias en materia de radiodifusión configuran un escenario de creciente tensión para el ejercicio independiente del periodismo y la libertad de prensa", indica un informe de la SIP publicado en el marco de su Asamblea General celebrada en Bogotá.

El documento agrega que "entre las principales preocupaciones se encuentran la distribución discriminatoria de la pauta publicitaria estatal, los discursos oficiales de descalificación hacia la prensa, las restricciones al acceso a fuentes gubernamentales, el hostigamiento digital y diversas iniciativas que afectan las condiciones para el ejercicio del periodismo".

La SIP indicó que la asignación de la pauta publicitaria estatal "ha sido cuestionada por su presunto uso para favorecer a medios cercanos al gobierno y limitar el apoyo a medios críticos", y que además "persisten expresiones de funcionarios gubernamentales que descalifican, estigmatizan y desacreditan públicamente a periodistas y medios de comunicación".

El informe también cita un estudio del Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (PROLEDI) de la estatal Universidad de Costa Rica, que denuncia presiones sobre periodistas y un incremento de la autocensura, y además recordó que Costa Rica ha experimentado un deterioro en el escalafón de libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras, al pasar del puesto 8 en 2022 al 36 en 2026.

Asimismo, la SIP calificó como "otro foco de preocupación" un proyecto de reforma a la Ley de Radio promovida por el gobierno, que establece nuevos cánones para el uso de frecuencias, que alcanzarían hasta el 7,73 % de los ingresos brutos para empresas de televisión y el 3,13 % para las de radio.

Los críticos de esta iniciativa sostienen que estos montos podrían afectar la viabilidad económica de algunos medios.

En su informe de este domingo la SIP además hace referencia a un decreto de la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, que declaró como secreto de Estado determinada información, documentos y contrataciones relacionados con tres órganos de seguridad: la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, el Consejo Nacional de Seguridad Pública y la Fuerza Élite.

Otro punto mencioado por la SIP, es que a finales del pasado abril el gobierno de Estados Unidos revocó las visas de cinco integrantes de la Junta Directiva de Grupo Nación, empresa editora del diario La Nación, el más influyente del país.

"Según medios locales, las revocaciones formaron parte de una serie más amplia de cancelaciones de visas que también afectaron a magistrados, exdiputados, al expresidente y Premio Nobel de la Paz Óscar Arias y otros actores políticos e institucionales del país. Estas medidas fueron descritas por distintos sectores como parte de una escalada de presión diplomática", destacó la SIP en su informe.