La norma fue aprobada definitivamente el jueves en la Cámara de los Diputados y tan solo un día después ratificada por el presidente de la República italiana, Sergio Mattarella.

Sin embargo, el texto ha recibido el rechazo en bloque de toda la oposición -el Partido Demócrata (PD), Movimiento Cinco Estrellas (M5S), Alianza Verde e Izquierdas (AVS) o Más Europa-, así como de diversas asociaciones jurídicas y parte de la sociedad civil.

Sus detractores cuestionan el encaje constitucional de la ley y afean a Meloni que haya decidido cambiar las reglas del juego en el último año de la legislatura y de cara a unas próximas elecciones generales, que previsiblemente tendrán lugar a lo largo del 2027. La ley ha sido bautizada como ‘Stabilicum’ porque su objetivo declarado es afianzar mayorías parlamentarias estables en el futuro y, para ello, entre otras cosas, dispone un ‘premio’ en escaños -70 en la Cámara y 35 en el Senado- para la coalición que alcance el 42 % de los votos.

Aspectos como este han soliviantado a la oposición y a juristas, por lo que ha surgido el debate en Italia de someter la ley a la revisión del Tribunal Constitucional. No sería la primera vez que la Corte tumba una reforma electoral: en 2014 canceló parcialmente otra ley, este vez aprobada en el tercer Gobierno de Silvio Berlusconi, y en 2017 inutilizó otra que había sacado adelante el socialdemócrata Matteo Renzi.

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