Esta nueva norma, impulsada por la formación de extrema derecha Chega y aprobada en el Parlamento con el apoyo del Gobierno conservador del primer ministro, Luís Montenegro, prohíbe "utilizar, en espacios públicos, ropa destinada a ocultar o impedir la exposición del rosto", aunque reconoce algunas excepciones, como razones de salud o profesionales.

También prohíbe "coaccionar a cualquier persona para que oculte el rostro por motivos de género, religión, edad u origen".

La infracción de la prohibición supondrá una multa de 150 € a 750 € en caso de negligencia, y de 400 € a 3.000 € en caso de dolo; mientras que establece penas de prisión de hasta dos años a quien, mediante amenaza, violencia, coacción, abuso de autoridad o abuso de poder, y por razón del sexo de la víctima, obligue a una o más personas a ocultar el rostro.

No existen datos oficiales en Portugal de cuántas mujeres usan burka o niqab.

El presidente de Portugal, António José Seguro, promulgó la ley la semana pasada, y admitió que se trata de un asunto "de gran sensibilidad social y cultural, donde es de extrema dificultad definir fronteras y valorizar de forma equilibrada los derechos y deberes".