El Tribunal de Distrito de La Haya ha declarado culpable al hombre, identificado como Eugène N., de 66 años y residente en la localidad neerlandesa de Ede, de genocidio y crímenes de guerra por hechos ocurridos en abril de 1994 en Mbazi, en el sur de Ruanda.

Entre abril y julio de ese año, cientos de miles de personas, principalmente tutsis, pero también hutus moderados, fueron asesinadas durante el genocidio ruandés.

Según los hechos considerados probados, Eugène N. participó en un ataque contra dos comunidades habitadas principalmente por tutsis, durante el cual fueron saqueadas e incendiadas numerosas viviendas.

En aquel momento, el condenado ocupaba un cargo de autoridad local en Mbazi y tenía a su cargo alrededor de 1.000 habitantes.

El tribunal determinó que estuvo presente mientras los atacantes entraban en las viviendas, las saqueaban y les prendían fuego, mientras entonaban una canción en la que proclamaban que iban a "exterminar" a los tutsis.

El tribunal, sin embargo, consideró que no existen pruebas suficientes de que Eugène N. participara directamente en la incitación al genocidio, por lo que lo absolvió de ese cargo.

En los días posteriores a esos ataques, entre 5.000 y 7.000 tutsis se refugiaron en el estadio de Byiza, convencidos de que allí estarían protegidos.

El 25 de abril de 1994, extremistas hutus y soldados atacaron el estadio y, según la sentencia, Eugène N. se encontraba en el lugar y ordenó a los hutus presentes que no permitieran escapar a ningún tutsi.

Durante el ataque se disparó contra las personas concentradas en el estadio, se les lanzaron piedras y granadas de mano, y el propio acusado lanzó una de esas granadas contra la multitud, según la justicia.

Los supervivientes fueron después atacados con garrotes y machetes. Años después, más de 4.000 cadáveres fueron exhumados de distintas fosas comunes alrededor del estadio.

El tribunal concluyó que el acusado actuó con "intención genocida" y destacó que la pertenencia étnica de las víctimas determinaba "si sobrevivían o no".

La Fiscalía neerlandesa había solicitado cadena perpetua, al considerar que utilizó su posición de autoridad para contribuir a la persecución de la población tutsi.

Según los jueces, el comportamiento del condenado demuestra una "profunda falta de respeto por la dignidad humana y por la vida humana", y únicamente la cadena perpetua hace justicia al "inmenso sufrimiento" causado a las víctimas y sus familiares.

Eugène N., que llegó a los Países Bajos en 1998 y después obtuvo la nacionalidad neerlandesa, había negado todas las acusaciones, sosteniendo que él mismo había sido víctima de la violencia en Ruanda y que había perdido a numerosos familiares durante el genocidio.

Ruanda había emitido en 2014 una orden internacional de detención contra él por genocidio y crímenes de lesa humanidad, pero su nacionalidad neerlandesa impedía su extradición, por lo que las autoridades de Países Bajos abrieron su propia investigación, que se prolongó durante varios años e incluyó el interrogatorio de más de treinta testigos, la mayoría en Ruanda.