La Fiscalía de París anunció este sábado la apertura de la investigación de la que se encarga la unidad contra la cibercriminalidad de la policía (Ofac).

Sus pesquisas deberán servir para clarificar cómo se produjo la intromisión en los sistemas informáticos de la Dirección General de las Finanzas Públicas (DGFIP), establecer las presuntas responsabilidades y si eso se produjo a través de un grupo organizado (asociación de malhechores en términos jurídicos).

El delito objeto de este procedimiento está castigado con penas de al menos cinco años de cárcel.

La responsable de la DGFIP, Amélie Verdier, reconoció este viernes que en junio habían detectado una intromisión en la cuenta de uno de esos agentes, que fue interrumpida rápidamente, pero creyeron que no se había producido sustracción de datos, algo de lo que sólo fueron conscientes después de que el presunto pirata se jactó de su operación el pasado 12 de agosto.

Verdier explicó que el pirata, que se identificó utilizando el seudónimo de ZeroBytes, en realidad había captado informaciones como los nombres, apellidos, direcciones de los contribuyentes particulares, sus ingresos fiscales de referencia y los tipos impositivos que se les aplican en el impuesto sobre la renta.

En el caso de las empresas, lo que consiguió aspirar era menos sensible, como las direcciones, los números de identificación que le atribuye la administración o el nombre del responsable.

La directora general de Finanzas Públicas se esforzó en subrayar que el o los piratas no accedieron a elementos que les permitirían conectarse al espacio propio de los contribuyentes y que tampoco pudieron disponer de las declaraciones completas de los contribuyentes.

Verdier avanzó que a partir de la semana próxima van a ponerse en contacto con los afectados para explicarles la situación y darles consejos sobre cómo protegerse ante la difusión de esos datos.

El presunto autor del pirateo afirmó que había puesto a la venta el fichero que sustrajo por varios miles de euros.