En una reacción compartida con la prensa en La Haya, la Corte señaló que todavía no ha recibido la notificación formal de la retirada a través de la Oficina de Tratados de Naciones Unidas, aunque subrayó que adherirse o abandonar un tratado internacional "sigue siendo un derecho soberano de los Estados conforme al derecho internacional".

No obstante, la CPI expresó su pesar por "cualquier decisión de abandonar el esfuerzo colectivo para poner fin a la impunidad por los crímenes internacionales más graves".

El tribunal recordó que, de acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, su tratado fundacional, la retirada solo surtirá efecto un año después de que la notificación sea depositada ante Naciones Unidas.

“La retirada no afecta a las obligaciones de cooperación ya existentes por investigaciones o procedimientos penales que se hubieran iniciado antes de que la retirada entrara en vigor, ni perjudica en modo alguno el examen continuado por parte de la Corte de cualquier asunto que ya estuviera siendo considerado antes de la fecha en que la retirada se haga efectiva”, agregó.

La reacción llega después de que el Gobierno venezolano anunciara este viernes su decisión "firme e irrevocable" de renunciar al Estatuto de Roma, al considerar que la CPI actúa con un "sesgo" que concentra su labor de forma "desproporcionada" en países africanos y latinoamericanos y responde a intereses ajenos a la justicia internacional.

La decisión fue comunicada, según Caracas, por instrucciones de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La investigación de la CPI sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela, abierta en 2018 tras una remisión de varios Estados, permanece activa.

Aunque la Fiscalía cerró en diciembre pasado su oficina técnica en Caracas por la falta de "progreso real" en materia de complementariedad, dejó claro entonces que los investigadores de la oficina del fiscal en La Haya continuarán con las pesquisas.

En 2023, la Corte rechazó los intentos del Gobierno venezolano de frenar la investigación al considerar insuficientes las actuaciones de la justicia nacional y autorizó a la Fiscalía a reanudar plenamente las pesquisas sobre los presuntos crímenes cometidos desde 2017.

La semana pasada, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció una campaña diplomática para “desmantelar” la CPI y presionar a los aliados de Washington para que abandonen el organismo, al que acusa de inmiscuirse en asuntos estadounidenses.