La ONG confirmó el número de fallecidos y señaló que se trata de "personas que fueron capturadas y las mataron o dejaron morir por negación del derecho a la salud".

Socorro Jurídico reiteró que "el 94 % de estas personas no tenían perfil de pandilleros y murieron bajo la tutela del Estado y en total impunidad", "sin haber sido vencidas en juicio".

La organización, que surgió en el marco del régimen de excepción para dar asesoría legal a los familiares de personas detenidas, también subrayó que la cifra real de muertes podría superar el millar, enfrentando un esfuerzo sistemático por ocultar información en los juicios masivos.

Por el momento, el Gobierno del presidente Nayib Bukele no se ha pronunciado al respecto, ni ha reaccionado ante dicha situación.

El régimen de excepción, cuestionado por activistas y ONG de derechos humanos nacionales y extranjeras, suspende garantías constitucionales como el derecho a la defensa o la inviolabilidad de las comunicaciones, y ha dejado más de 92.480 detenidos que la Administración de Bukele acusa de pertenecer o colaborar con las pandillas.

Esta disposición, renovada en 53 ocasiones, se ha convertido en la única apuesta del Gobierno contra las pandillas, lo que también le granjeó al presidente Bukele su reelección inmediata para un segundo mandato, pese a la prohibición constitucional en ese momento, y que mantiene alta aprobación entre los salvadoreños.

Entre tanto, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas.