Será la primera audiencia pública sobre el caso, en la que la Comisión, con sede en Washington, examinará si Estados Unidos incumplió sus obligaciones en materia de derechos humanos al crear y permitir condiciones que favorecieron la discriminación y la violencia contra los latinos.

La Comisión admitió el caso en 2018, diez años después de que la organización LatinoJustice presentara una petición en la que sostenía que había elementos suficientes para investigar si EE.UU. incumplió su obligación de proteger a los inmigrantes y a la comunidad latina, explicó a EFE su abogada principal, Rafaela Uribe.

Uribe comparecerá ante la CIDH junto con la presidenta de LatinoJustice, Lourdes Rosado. También participarán Joselo Lucero, hermano de la víctima, y Kerry Kennedy, presidenta del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, acompañada por las abogadas Delia Addo-Yobo y Sarah Decker.

"Nuestra posición desde 2008 ha sido que el asesinato de Marcelo también es responsabilidad del Gobierno por fomentar un clima antiinmigrante y antilatino, tanto con su retórica como con sus políticas migratorias", afirmó Uribe.

Desde el asesinato, LatinoJustice ha seguido aportando información sobre el aumento de los crímenes de odio contra los latinos mientras esperaba la celebración de esta audiencia.

"Ahora vemos que el ambiente antiinmigrante y antilatino está más fuerte que cuando Lucero fue asesinado", sostuvo.

Marcelo Lucero murió tras recibir dos puñaladas de Jeffrey Conroy, de 19 años, condenado en 2010 a 25 años de prisión. Otros seis jóvenes fueron arrestados y acusados de delitos de odio. De ellos, cuatro se declararon culpables, entre ellos Nicholas Hausch, que testificó contra Conroy.

Lucero caminaba con un amigo cerca de la estación de Patchogue, en el condado de Suffolk (Long Island), cuando ambos fueron atacados. Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que Conroy y sus amigos salían los fines de semana "a la caza" de inmigrantes "como deporte".

Según la acusación, elegían a inmigrantes latinoamericanos porque los consideraban "un blanco fácil", convencidos de que no denunciarían las agresiones por temor a que las autoridades cuestionaran su situación migratoria.

El caso dio lugar a una investigación del Departamento de Justicia, después de que numerosos latinos denunciaran que la Policía de Suffolk había ignorado repetidas denuncias de agresiones.

La investigación concluyó con un acuerdo de reformas para ese cuerpo policial, que incluía la presentación periódica de informes de cumplimiento, una obligación a la que el Gobierno de Donald Trump puso fin el año pasado.

En la audiencia, LatinoJustice sostendrá que los gobiernos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de las comunidades inmigrantes y latinas y de no contribuir, mediante discursos o políticas, a un clima que favorezca los crímenes de odio.

La organización también argumentará que la muerte de Lucero y otros casos recientes de inmigrantes fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) forman parte de un contexto marcado por el endurecimiento del discurso sobre inmigración.

Asimismo, planteará recomendaciones para combatir el racismo, entre ellas cambios educativos que amplíen el acceso de los estudiantes a una literatura más diversa y fomenten una cultura de respeto.

Uribe recordó que cuando Lucero fue asesinado, numerosos políticos de Long Island y del Gobierno federal hablaban de una "invasión" de inmigrantes hispanos, una retórica que, a su juicio, contribuyó a deshumanizar a esa comunidad.

También subrayó que discursos similares sobre una supuesta "invasión" de inmigrantes hispanos precedieron años después a episodios como el ataque racista de El Paso (Texas) en 2019.

"Queremos cambiar la forma en que nuestro Gobierno habla de los inmigrantes y que deje de utilizar una retórica antiinmigrante y antilatina para obtener rédito político", concluyó.