Bajo el lema "Ni una Maricarmen más", miles de personas marcharon hace un mes en protesta por el desahucio de Maricarmen, una anciana española a la que sacaron de su casa en camilla a los 87 años el 23 de septiembre y que falleció días después, para reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

El descontento de muchos ciudadanos durante esa manifestación desembocó en una improvisada acampada en la Puerta del Sol que fue creciendo en organización y extensión hasta convertirse en un espacio planificado y estructurado con calles propias, puestos de atención a los inquilinos, enfermería y puntos de reparto de comida.

Más allá de su impacto en el propio espacio, que constituye una de las plazas más concurridas y turísticas de la capital española, la presencia de miles de tiendas de campaña en Sol tuvo un efecto en la política del país: la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, tras decaer los dos reales decretos en materia de vivienda presentados por el Ejecutivo.

La respuesta del Sindicato de Inquilinas, organizador de la acampada junto con otros movimientos, fue apostar por la huelga general como la "única manera de garantizar que se va a responder a lo que el pueblo está pidiendo, gobierne quien gobierne", aseguró su portavoz, Alicia del Río.

Por el momento, ni la convocatoria de elecciones ni la cita para la huelga general provocaron desánimo en los acampados que, por lo general, aseguran que estarán allí el tiempo "necesario" hasta que se aborde el problema de la vivienda.

"Nuestra intención es aguantar lo máximo posible (...) Lo que hemos hecho es meter dentro de la acampada a gente que estaba fuera para que tengan la misma seguridad que tienen las tiendas del interior", explicó una joven que prefiere no compartir su identidad, tras los rumores que apuntaban a un posible desmontaje.

La joven, que ofrece ayuda en el punto de enfermería de la acampada, aseguró a EFE que "hay muy buen ambiente" y "cada dos por tres" se reorganiza su propia configuración, una tesis que la propia acampada compartió en su perfil oficial de Instagram, en el que aseguró que "hay reorganización, no retirada".

En este sentido, la portavoz de la comisión de comunicación de la acampada, Zaira Pagán, afirmó que el campamento se mantiene, aunque se trabaja ya en una "desescalada" que apunta al 11 de noviembre como último día, para hacerlo coincidir con la huelga.

Frente a los acampados, en la sede de la Comunidad de Madrid, el Gobierno regional echó un pulso a la protesta en el que les acusó de provocar gases tóxicos en la estación de metro del Sol y pidió en varias ocasiones el desmantelamiento de la acampada.

Además, muchos comerciantes, entre ellos hoteleros y asociaciones empresariales, alertaron sobre los efectos negativos de la acampada en su negocio: por ejemplo, los comerciantes de proximidad cifraron en unos 2 millones de euros las pérdidas diarias.

Sin embargo, en estas semanas otros negocios han mostrado su disposición a ofrecer un lugar de descanso, punto de recarga de teléfonos móviles y cualquier imprevisto para los acampados.