“Se requiere llevar ese combate al crimen organizado, al terrorismo, a nuestra Carta Fundamental. Por eso es que planteamos esta reforma, que va a tener discusión, evidente, pero es absolutamente necesaria”, afirmó José Antonio Kast en un punto de prensa que sostuvo en el palacio presidencial de La Moneda.

Crear una nómina de organizaciones criminales y terroristas es otro de los puntos centrales de la agenda del Gobierno, que además de la modificación constitucional incluye 9 proyectos de ley nuevos y 19 que se están tramitando en el Congreso.

“Cuando asumimos el gobierno lo hicimos enfrentando una de las mayores crisis de seguridad de la historia reciente en Chile. Una crisis que excede por largo un solo gobierno. Uno podría atribuirle a un gobierno toda la responsabilidad, pero no es así. Este fenómeno del crimen organizado transnacional, el tema del terrorismo, viene de larga data”, señaló Kast.

El nuevo estado de excepción contenido en la propuesta podría aplicarse a zonas afectadas por delitos graves, en principio los 50 barrios ya intervenidos mediante despliegues policiales.

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Actualmente, el estado de excepción, renovado de forma ininterrumpida por el Congreso en cuatro provincias de las regiones de Araucanía y Biobío desde 2022 debido a reiterados episodios de violencia, es una figura que permite desplegar a los militares para el control del orden público, con más dotación y poderes para las Fuerzas Armadas.

A diferencia de vecinos como Bolivia o Perú, Chile no es un productor de droga, sino un país de destino y una plataforma de distribución a Asia, Europa y Estados Unidos gracias a sus numerosos puertos.

Durante los últimos años el crimen organizado se ha asentado en el país suramericano a través de diversos negocios ilegales, transformándose en una de las principales preocupaciones del Ejecutivo.

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