En una decisión que no tuvo el consenso de los tres jueces de la corte, el Tribunal Superior del Cabo Occidental ordenó que el comité parlamentario que evalúa la posible destitución de Ramaphosa detenga sus trabajos hasta que se resuelva otro recurso que el propio mandatario presentó en mayo ante el mismo tribunal contra el citado informe y que tiene una audiencia programada del 2 al 4 de septiembre.

"A la espera de que este tribunal se pronuncie sobre el recurso presentado por los demandantes (...), se prohíbe a los demandados primero y segundo continuar con las audiencias públicas de destitución", afirmó en una breve audiencia el juez Andre le Grange.

Este fallo concede más tiempo a Ramaphosa, que afirmó en un discurso a la nación en mayo que no piensa dimitir porque "hacerlo sería dar crédito a un informe (...) que, lamentablemente, presenta graves deficiencias".

En un comunicado, la Presidencia sudafricana señaló este viernes que Ramaphosa "respeta" el fallo y "reafirma su respeto por la independencia judicial y la separación de poderes consagradas" en la Constitución.

"El presidente seguirá cooperando con los procesos de rendición de cuentas y acatándolos", añadió.

Los jueces tomaron esta decisión tras la celebración de audiencias los pasados días 16 y 17, en las que la defensa del presidente reivindicó que debía garantizarse la "protección jurídica" que la ley brinda al jefe de Estado contra "procesos de destitución injustificados" y "acusaciones infundadas".

Por su parte, los abogados de varios partidos opositores y del comité parlamentario alegaron que Ramaphosa hizo la petición para que se paralizara el proceso demasiado tarde y lo acusaron de "intentar interferir en los procesos del Parlamento", haciendo un "enorme daño a la separación de poderes".

El proceso de destitución se reanudó el pasado 8 de mayo, después de que el Tribunal Constitucional declarara "inválida y nula" la votación en la que el Parlamento rechazó en 2022 el citado informe, elaborado por un panel independiente y que concluyó que, 'prima facie' (a primera vista), Ramaphosa pudo haber cometido una "violación grave" de varias leyes anticorrupción.

El documento hacía referencia al escándalo del robo millonario sucedido en febrero de 2020 en una granja propiedad del presidente en Phala Phala (norte), cifrado por el mandatario en 580.000 dólares (unos 509.000 euros al cambio actual) y que llevó a un partido minoritario a presentar una moción y a la creación del citado panel.

Ese partido acusaba al mandatario, entre otros cargos, de incumplir la Constitución, que prohíbe a los miembros del Gobierno ejercer otras labores profesionales remuneradas, después de que Ramaphosa admitiera que se dedica a la venta de animales de presa, al asegurar que el dinero robado provenía de ese negocio (donde es habitual el pago en efectivo) y no de lavado de dinero.

Exlíder sindical y uno de los sudafricanos negros más ricos, Ramaphosa sucedió a Jacob Zuma (2009-2018) en la Presidencia del país, comprometiéndose a atajar la corrupción y el malestar económico desatados bajo su predecesor.