El posible juicio político a ministros de la Corte Suprema Justicia (CSJ) es motivo de preocupación para la Abg. María Esther Roa, integrante de la Coordinadora de Abogados del Paraguay (CoaPy), debido a que los apuntados para el juzgamiento son los integrantes del miembro tribunal que no participaron de la reunión secreta con el presidente Santiago Peña, en Mburuvicha Róga, en diciembre de 2025.

“Lo más preocupante es el riesgo de una captura política del Poder Judicial. Cuando el oficialismo cuenta con una mayoría suficiente en ambas cámaras del Legislativo para impulsar y, eventualmente, concretar un juicio político, la posible remoción de dos ministros que integran la Sala Constitucional; Víctor Ríos y Gustavo Santander y de otro integrante de la Sala Penal, el ministro Manuel Ramírez Candia; no es un hecho menor”, expresó a ABC la letrada.

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La activista social que también integra la organización Somos Anticorrupción Paraguay agregó que un juicio político a dichos ministros de la CSJ, con los matices mencionados, significaría alterar profundamente el equilibrio de la máxima instancia judicial y dejaría prácticamente despejado el camino para que el poder político tenga una “Justicia más dócil a sus intereses”.

A criterio de Roa el verdadero peligro está en que la Justicia termine siendo utilizada para blindar y garantizar impunidad a los amigos, perseguir o disciplinar a los adversarios de turno y acomodar las decisiones judiciales a las necesidades del poder. “No afirmo que eso necesariamente vaya a ocurrir, pero advierto que ese es el escenario que una República seria debe evitar antes de que sea demasiado tarde”, remarcó.

La Justicia como herramienta política: que la historia no se repita

La activista anticorrupción agregó que Paraguay ya conoce las consecuencias de utilizar políticamente la Justicia, ya que durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos, específicamente en el año 2003, se produjo la destitución de ministros de la Corte, en medio de una fuerte disputa política. Años después, el sistema interamericano declaró la responsabilidad internacional del Estado paraguayo en relación con aquellas destituciones y con la afectación de la independencia judicial.

Al respecto, Roa sostuvo que si existen razones reales de mal desempeño, deben presentarse las pruebas y que cada ministro responda conforme a la Constitución Nación. “Pero si el juicio político se convierte en una herramienta para remover a quienes no se alinean con el poder de turno y reemplazarlos por personas políticamente afines, eso no es mejorar la Justicia: es someterla”, puntualizó la letrada.

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Añadió que cuando se somete la Justicia, perdemos todos los ciudadanos porque mañana a cualquiera que necesite protección judicial puede encontrarse con una Justicia que primero mira hacia el poder político y después hacia la Constitución y la ley. Remarcó que ya pagamos muy caro por estas prácticas, por lo que no deberíamos permitir que la historia se repita.

Por último Roa hizo un llamado a sus colegas abogados y a toda la ciudadanía, a estar atentos, a no permanecer indiferentes y a defender la independencia de la Justicia. “Porque lo que está en juego no son solamente tres ministros: es la República y el derecho de todos a tener una Justicia independiente”, sentenció.

Los ministros de Corte que deben irse son otros, según abogado

El Abg. Federico Campos López Moreira, presidente de la Asociación de Abogados y Auxiliares de la Justicia Penal del Paraguay (AAAJP), también expresó su postura sobre la intención de impulsar el juicio político a ministros de la Corte Suprema de Justicia. “Todo cambio aunque parezca malo es bueno”, enfatizó el letrado.

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En ese sentido, el letrado señaló que existen suficientes causales para impulsar el juicio político a integrantes de la máxima instancia judicial, pero no a los que están siendo apuntados actualmente: Manuel Ramírez Candia, Gustavo Santander Dans y Víctor Ríos Ojeda.

“Si van a cambiar ministros pídannos a los abogados pasilleros la lista de aquellos ministros que son nepotistas (porque meten a toda su familia en el Poder Judicial) y prebendarios porque se pasan intercambiando favores, tanto políticos como económicos”, manifestó.

La Justicia debe controlar el exceso de poder político

De acuerdo con lo señalado por el titular de la AAAJP hay ministros y ministra (en alusión a Carolina Llanes) presuntamente implicados en nepotismo y prebendarismo. En consecuencia, remarcó que si van a haber cambios políticos, los mismos deben estar en sustentados en argumentos jurídicos.

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“Lo político nunca puede dirigir a lo jurídico, en más, lo jurídico debe controlar el exceso del poder político que se sustenta sobre el Ejecutivo y Legislativo”, insistió Campos López Moreira.

El letrado llamó a sus colegas y a la ciudadanía a estar atentos para que el Paraguay sea un país de bienestar con gente de bien, señalando que no puede haber paz, ni salud ni educación ni desarrollo, si no hay Justicia.

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“Este poder perjudicial tiene que llamarse Judicial otra vez. Hay jueces, camaristas y ministros buenos, entonces debemos luchar todos juntos para que el mal se ahogue en abundancia de bien”, finalizó.