El inicio del juicio oral por el caso “agua tónica” estaba previsto para el pasado 5 de marzo, pero se suspendió debido al recurso que plantearon los abogados Christian Bazán y Agustín Olazar, quienes asumieron como representantes de Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo, acusados por supuesta lesión de confianza, tras la renuncia del anterior defensor, en febrero.

El colegiado presidido por la jueza Gloria Hermosa e integrado por Darío Báez y Alba González resolvió declarar inoficioso el recurso interpuesto por los defensores y reprogramó el inicio del juzgamiento para el martes 2 de abril, a las 8:30, según se dio a conocer este jueves.

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Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Luz Guerrero consideraron sugestiva la presentación del recurso, ya que se dio poco tiempo antes del horario programado por el inicio del juicio oral. Señalaron que la defensa accedió al expediente íntegro y el acuerdo de investigación.

Por su parte el Tribunal de Sentencia argumentó que no corresponde realizar el estudio del recurso de reposición, en atención a que tras la interposición del mismo, el colegiado no tuvo más opción que disponer la suspensión de audiencia de juicio oral, el pasado 5 de marzo.

Acusación fiscal por compra de “agua tónica”

Según la acusación fiscal la ex alta funcionaria y su cónyuge se aprovecharon de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del covid-19 para convocar una licitación y adquirir supuestamente insumos sanitarios y agua tónica, logrando así desviar fondos de la institución pública.

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El 1 de abril del 2020 Petropar, bajo la administración de Samudio Torrás, adquirió insumos y productos por compra directa, por la vía de la excepción, basado en la declaración de emergencia sanitaria para mitigación de la propagación del covid-19, por un total de G. 359.700.000, IVA incluido, de acuerdo a la hipótesis del Ministerio Público.

El Abg. José Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal, fue quien direccionó la licitación para que la empresa adjudicada sea Solumedic SA, firma a la que Petropar pagó la mencionada suma por productos que nunca fueron entregados a la petrolera estatal.

Sobre el argumento de la defensa, de que ya no se puede hablar de lesión de confianza porque el daño fue reparado, el fiscal Silvio Corbeta sostuvo que ese planteamiento “fue rechazado en la audiencia preliminar por el juzgado y el Ministerio Público, porque procesalmente para que haya extinción tiene que haber un acuerdo y nosotros en ningún punto de vista nos hemos allanado. A pesar de que se haya devuelto, no hace desaparecer la comisión del hecho punible”, expresó el agente.

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Pagó deuda personal con dinero de “agua tónica”

La acusación presentada por los fiscales Liliana Alcaraz, Silvio Corbeta y Francisco Cabrera afirma que bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió, por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000.

Esta suma fue transferida a una cuenta de la empresa “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa Perdomo, esposo de la exfuncionaria estatal, sostiene el Ministerio Público que actualmente está representado por los agentes Silvio Corbeta, Luz Guerrero y Francisco Cabrera.

Racole SA no es la firma que fue adjudicada para proveer los insumos médicos que Petropar compraría supuestamente para combatir el virus del covid, ni participó del proceso de licitación, pero recibió la transferencia por indicaciones de Costa Perdomo.

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Los directivos de la empresa adjudicada Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández, quienes también fueron acusados en el caso por lesión de confianza, devolvieron al Estado los G. 359.700.000, tras lo cual fueron beneficiados con el sobreseimiento definitivo por disposición del juzgado de ejecución penal, segundo turno, dictada el 17 de enero del 2022.

Esta situación es utilizada por la defensa para argumentar la supuesta inexistencia de daño patrimonial, pues alegan que el daño ha sido reparado por los directivos de Solumedic.