El Tribunal de Sentencias, presidido por María Fernanda García de Zúñiga estableció para el 19 de marzo de 2026, a las 10:30, el inicio del juicio oral y público a la actuaria judicial Juliana Romero Maciel, acusada por el Ministerio Público de un sabotaje informático que causó el extravío de un expediente penal relacionado al usurero condenado Ramón González Daher.

Por esta causa se había hecho la audiencia preliminar en diciembre de 2024. En esta ocasión, fue el juez penal de garantías José Agustín Delmás, quien luego de analizar los fundamentos de la fiscalía, representada la fiscala Ruth Benítez, y los de la defensa de la procesada, resolvió elevar al causa a juicio.

Actuaria que supuestamente realizó sabotaje informático y extravió expediente de RGD va a juicio

La agente del Ministerio Público acusó a la actuaria Juliana Romero por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y también, realización del hecho por funcionarios, en calidad de autora.

La actuaria del Tribunal de Sentencias N° 21, a cargo del juez Darío Báez, Juliana romero Maciel (44), habría realizado la modificación del expediente electrónico, el 16 de agosto de 2023, pero de ello recién se tuvo conocimiento el 30 de agosto de 2023, cuando Romero denunció el hecho a la Fiscalía. Sin embargo, sus inconsistencias terminaron por ubicarla como sospechosa del acto.

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Actuaria realizó modificaciones desde su usuario, según la Fiscalía

De acuerdo con los datos que se exponen en la acusación fiscal, el 16 de agosto de 2023 Juliana Romero registró en el servidor del Poder Judicial, el inicio de sesión en la red con el usuario “Ju_Romero”, a las 8:19 y cerró su sesión a las 14:08. Estos datos coinciden el registro de su entrada y salida al Palacio de Justicia de Asunción.

Los cambios que no tuvieron autorización alguna se hicieron empleando el usuario informático “User_FuncPj_3663″, que estaba vinculado a la actuaria Romero. Se presume, que la misma habría aprovechado las atribuciones concedidas a su perfil por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

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La finalidad aparente de los cambios fue evitar que se lleve a cabo el juicio a la causa contra Ramón González Daher, que entonces estaba en etapa conclusiva. Era por el caso del robo de 471 cheques de la bóveda del juzgado del juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, en el año 2021. De hecho, en noviembre de 2024, González Daher fue condenado a 6 años de cárcel por reducción.

En la citada causa, también había sido acusada la abogada Emma González Ramos, quien durante mucho tiempo ejerció la representación legal de González Daher. Pero, a poco de iniciarse el juicio firmó un acuerdo conciliatorio con las víctimas y el Tribunal de Sentencia hizo lugar a la extinción de la acción penal y su sobreseimiento definitivo. La profesional del derecho, sin embargo, enfrenta otro proceso por haber impulsado 155 denuncias falsas por estafa en favor de RGD y en contra de sus víctimas.

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Funcionaria pidió hacerse cargo de la causa y obvió registros

La fiscala Ruth Benítez detalló que en el Tribunal de Sentencia N° 21 contaba con dos funcionarias: Ela Adriana Sánchez y Juliana Romero Maciel, quienes se intercalaban turnos para la recepción de causas. En ese sentido, el expediente de Ramón González Daher debió ser recibido por Sánchez, pero Romero le pidió hacerse cargo.

Es así que, el 8 de agosto de 2023, Romero Maciel asentó en el cuaderno de “Recepción de Expedientes”, detallando que constaba de cuatro tomos con su cantidad de fojas asignadas.

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En el cuaderno, siempre según la Fiscalía, se observó que el expediente de RGD tenía en el Tomo II las fojas 201 al 370 y en el Tomo III las fojas 401 al 600, lo que denotaba un faltante de 30 fojas en el Tomo II. Este detalle no fue observado ni asentado por la funcionaria judicial, que tampoco realizó la primera providencia de “Téngase por recibido el expediente judicial”. Todo esto resalta la fiscala acusadora, pese a contar con una vasta experiencia en el cargo de actuaria judicial, que ocupa desde el 2012.

Por otra parte, se resalta que en el sistema judicial el usuario de Romero tenía dos facultades: la primera le permitía modificar los datos del caso, incluyendo los de información general, objeto de la causa, movimientos, y otros; en tanto que mediante la segunda podía modificar datos de las partes y el número de expediente, siendo estas acciones las que llevó a cabo.

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Expediente fue reemplazado con datos de caso estancado

Otro dato que se destaca en la acusación del Ministerio Público es que la actuaria Juliana Romero Maciel cuenta con un amplio conocimiento relacionado al sistema informático Judisoft.

A esto se suma que la funcionaria incluso prohibía que sus compañeros de oficina se compartan sus respectivas claves y sus usuarios de acceso, así como tampoco permitía que entre los mismos siquiera se impriman documentos con otros usuarios que no fueran los propios.

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También la fiscala resaltó que la causa por la cual había sido modificado el expediente judicial, llamativamente, también estuvo a cargo de la actuaria Juliana Romero.

En ese sentido, se destaca que Romero no solamente tenía conocimiento de las actuaciones procesales que se suscitaban en la causa “Arnaldo Joel Duré s/ Estafa”, sino que además tenía conocimiento sobre que la misma se encontraba pendiente de una resolución judicial para su prosecución, específicamente, un recurso de casación interpuesto ante la Corte Suprema de Justicia.

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En el marco de las investigaciones, el juez Darío Báez había señalado sobre ese hecho en específico que “cualquiera que trabaja conmigo, y más Juliana Romero, que fue mi actuaria, sabe que no tomo la decisión de realizar juicios orales de causas que tienen pendiente recursos”.

Para el magistrado resultó bastante llamativo el reemplazo de la causa por una que estaba inactiva.