El juez penal de garantías, Humberto Otazú, atendió el recurso de amparo promovido por el abogado José Tomas Duarte Gayoso y el señor Sergio Lovera Cañete y decidió suspender la licitación del Instituto de Previsión Social (IPS) para lavado y planchado.

Al respecto, el Juzgado considera que la autorización al llamado a licitación referida no se encuentra plenamente justificada y que incluso los argumentos dados por el memorándum adjuntado “aumentan las dudas” acerca del llamado.

“Los derechos que podrían verse amenazados se tratarían: de la seguridad social (art. 95 de la C.N.), de la vida (art. 4 de la C.N.), del derecho a la salud (art. 68 C.N.), del derecho a informarse (art. 28 de la C.N.), ya que según refirió el accionante y que es de público conocimiento, existe una gran cantidad de asegurados con necesidades básicas ya sea en medicamentos, insumos hospitalarios, así como la baja calidad o en el excesivo retardo en la atención de los mismos”, indica el argumento del magistrado.

Otazú agrega que la intención del Juzgado es poner de resalto que al momento en que se realicen compras o contrataciones de la envergadura de la licitación cuestionada y por un amplio periodo de tiempo (10 años), debe primar la prudencia, la claridad en el actuar de las autoridades, al momento de establecer los parámetros, fundamentos técnicos-económicos del llamado a una licitación, tal como se analizara detalladamente en párrafos precedentes.

“Solo y a modo de ejemplo, con relación a que las maquinarias se encontrarían en ‘total deterioro’ se especifique y se informe detalladamente el estado de las mismas, puesto que se advierte una clara contradicción, con relación a esta situación”, acota.