Juez revoca medidas y dispone arresto domiciliario con tobillera para intendenta de Quyquyhó y otros cuatro acusados
La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio Nº 184/2026, dictado en el expediente Nº 161/2018, en el que se investiga un supuesto esquema de enriquecimiento ilícito, lesión de con...
La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio Nº 184/2026, dictado en el expediente Nº 161/2018, en el que se investiga un supuesto esquema de enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y otros hechos punibles.
La resolución alcanza a la actual intendenta de Quyquyhó y esposa del diputado Esteban Martín Samaniego Álvarez, Patricia Adriana Corvalán Gabriaguez; a la candidata a intendenta por el movimiento Honor Colorado, Ruth Mercedes Medina Yegros; además de Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Manuel Olazar Duarte y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.
El magistrado dispuso que los cinco acusados permanezcan bajo arresto domiciliario en los domicilios declarados en la causa, con controles aleatorios de las comisarías jurisdiccionales y bajo apercibimiento de que las medidas sean nuevamente modificadas en caso de incumplimiento.
Asimismo, ordenó la colocación de tobilleras electrónicas, cuyos costos deberán ser asumidos por los propios acusados. Mientras se concreta la instalación de los dispositivos, la Policía Nacional tendrá a su cargo el control del cumplimiento de la medida.
Además, la Oficina de Monitoreo de Dispositivos Electrónicos de Control (OMDEC) deberá realizar los informes de factibilidad para la instalación de los equipos y supervisar posteriormente el monitoreo electrónico, conforme a la legislación vigente.
Una causa con reiteradas dilacionesLa investigación se originó por un presunto daño patrimonial registrado en 2017, cuando el hoy diputado Esteban Samaniego ejercía como intendente de Quyquyhó.
Si bien el legislador está vinculado a la causa, su proceso permanece suspendido debido a que la Cámara de Diputados aún no estudia los cuatro pedidos de desafuero remitidos por la Justicia. El primero ingresó al Congreso el 11 de diciembre de 2023.
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La acusación fue presentada por el fiscal Silvio Corbeta contra Patricia Corvalán y otras trece personas en diciembre de 2024. Desde entonces, la audiencia preliminar fue suspendida en varias oportunidades debido a recusaciones, cambios de abogados y otros incidentes promovidos por las defensas.
La última suspensión se produjo el 3 de junio de 2026, cuando nuevas recusaciones impidieron nuevamente el inicio de la audiencia preliminar.
