El juez Humberto Otazú Fernández, del juzgado penal especializado en Delitos Económicos, rechazó la excepción de incompetencia, el incidente de nulidad de la imputación y el recurso de reconsideración contra la convocatoria de la audiencia de imposición de medidas, en el marco del proceso abierto contra el intendente Miguel Prieto y otros 10 implicados en la supuesta compra fraudulenta de alimentos.

La defensa del exdirector de Desarrollo Social y actual concejal Sebastián Martínez (YoCreo) había presentar una excepción de incompetencia del juez Otazú, al sostener que el magistrado está asentado en Asunción y que el hecho investigado ocurrió el Ciudad del Este, por lo que la causa debe ser tramitada en un juzgado de la capital de Alto Paraná.

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Los defensores del concejal Martínez también plantearon un recurso de reposición y apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú por la cual se admitió la imputación fiscal y se convocó la audiencia. La defensa alegó que la notificación de la decisión judicial se dio por vía incorrecta (por WhatsApp).

Iguales recursos fueron planteados por la defensa de los coimputados Maggi Fariña, José Cáceres, Julián Benítez, Nelson Segovia, Higinio Acuña y Cirle Alcaraz. A raíz de la apelación en subsidio de los defensores, el expediente será remitido al Tribunal de Apelaciones para la revisión de la decisión de primera instancia.

El juez Otazú igualmente rechazó incidentes de nulidad de la imputación promovidos por los defensores de los imputados, quienes sostienen que los hechos atribuidos no están sucintamente descriptas.

La audiencia de imposición de medidas para el intendente Prieto Vallejos y el secretario general de la Municipalidad Francisco Arrúa estaba prevista para este jueves, a las 11:00. Sin embargo, la diligencia quedó suspendida debido a que el expediente será remitido a la Cámara de Apelaciones.

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Según la imputación de la Fiscalía, la Municipalidad esteña habría sufrido un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 a raíz de la compra de los alimentos efectuada en 2020 mediante una licitación convocada por la vía de la excepción y adjudicada a la firma Tía Chela SRL.

Los fiscales Alcides Corbeta, Rodrigo Estigarribia y Alma Zayas sostienen que la empresa contratada Tía Chela SRL no contaba con capacidad técnica ni financiera para proveer los alimentos por G. 2.949.650.000. Tampoco se tiene trazabilidad de los productos que había adquirido de sus proveedores. Además, en la lista de beneficiarios aparecen personas residentes fuera del país y de Ciudad del Este.

En su defensa, el intendente Prieto Vallejos afirmó que todos las cestas de alimentos fueron entregadas a las familias afectadas por la pandemia y que la entrega está documentada incluso georeferenciada.