Al inicio de la sesión ordinaria del pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a partir de hoy bajo la presidencia de César Diesel, el titular de la máxima instancia judicial informó que se ha reforzardo la seguridad del juez penal de garantías especializado en Crimen Organizado Osmar Legal Troche, quien también desde hoy contará con un vehículo blindado.

En ese sentido, Diesel explicó que la información le fue proporcionada por el ministro del Interior Enrique Riera y la ministra de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico) Teresa Rojas, a quienes agradeció la prontitud en que atendieron el pedido de la CSJ.

Por disposición del pleno de la Corte Suprema en la sesión extraordinaria del viernes úlltimo, el presidente de la Corte, César Diesel, solicitó al Ministerio del Interior y a la Policía Nacional reforzar la seguridad del magistrado Legal, quien presentó la denuncia basada en los chats extraídos del celular de Lalo Gomes. Asimismo, solicitó a la Senabico la provisión de un vehículo blindado para el magistrado.

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Condenados cumplieron pena pero siguieron presos por falta de notificación

A propuesta del ministro César Garay Zuccolillo, el pleno designó como juez penal de Ejecución terna juzgado penal de Ejecución de Villa Hayes, Presidente Hayes Henry Pedro Fernández Ortiz.

Garay explicó que una auditoría realizada a dicho juzgado detectó una serie de irregularidades que motivaron el enjuiciamiento y pedido de suspensión de la titular del referido juzgado, por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Rossana Rojas.

“Hay seis procesos penales en que (procesados) fueron condenados a penas carcelarias, cumplieron sus penas y siguen en la cárcel. La jueza no tuvo la delicadeza la obligación de enviar el oficio informando la libertad”, explicó Garay, tras destacar otras irregularidades en lo que hace la rendición de cuentas de recursos estatales.

Suspensión de jueza de ejecución, postergada

Por su parte, el ministro Víctor Ríos Ojeda se abstuvo de votar y dio lectura al descargo de la magistrada, que alega que las notificaciones fueron realizadas. Respecto a los 21 expedientes con plazos vencidos, la jueza dijo que ya llegaron a ejecución en las condiciones referidas.

“No tengo acusación por corrupción, ni por liberación de presos. Hay una discusión administrativa”, alegó la magistrada, según leyó Ríos, que resaltó que los defensores tampoco impulsaron la libertad de los afectados.

“Ningún defensor, nadie planteó absolutamente nada al respecto”, expresó Rios Ojeda.

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Finalmente, el ministro se preguntó además si este standar de exigencia administrativa se aplica a todos los magistrados de Ejecución y si la Direccción de Auditoría de Gestión Jurisdiccional tiene suficiente potestad para hacer las observaciones que hizo o este es un análisis que corresponde al Tribunal de Apelación.

Por este motivo, el ministro abogó por un estudio posterior, para corroborar mejor los datos obrantes al informe de gestión y evaluar la situación.

Tras la exposición de Ríos, Ramírez votó por postergar el tratamiento de la suspensión, postura acompañada por los ministros Gustavo Santander, Alberto Martínez Simón, Jiménez Rolón y Luis María Benítez Riera,

A su turno, la ministra María Carolina Llanes votó por la suspensión de la magistrada, por considerar que no corresponde a la Corte objetar una decisión del JEM, que solicitó la suspensón.