Juez fija fechas para audiencia preliminar del exgobernador Hugo Javier y otros 32 acusados
La Unidad Especializada en Delitos y Anticorrupción (UDEA) presentó el 26 de septiembre pasado la acusación y pedido de juicio oral y público en contra del exgobernador del departamento Central...
La Unidad Especializada en Delitos y Anticorrupción (UDEA) presentó el 26 de septiembre pasado la acusación y pedido de juicio oral y público en contra del exgobernador del departamento Central, Hugo Javier González Alegre (ANR, cartista) y otras 32 personas, todos procesados por el perjuicio de G. 18.300 millones.
Según la hipótesis del Ministerio Público, el daño patrimonial causado a la institución departamental fue consumado a través de un esquema delictivo que se montó para el desvío ilícito de fondos, mediante transferencias irregulares hechas por el Ejecutivo a cinco ONG, que presentaron 51 proyectos plagados de groseras anomalías que finalmente no fueron ejecutados.
Hugo Javier y los 32 acusados, exfuncionarios, supuestos proveedores y miembros de las oenegés “sin fines de lucro”, fueron procesados por los hechos punibles de lesión de confianza, asociación criminal, apropiación y producción de documentos no auténticos.
En prosecución, el juez de Garantías José Agustín Delmás fijó para el 25, 26 y 27 de octubre, a las 8:00, la audiencia preliminar del exgobernador y las otras personas. El fiscal del caso, Silvio Corbeta Dinamarca, solicitó que todos enfrenten juicio oral y público.
La acusaciónEn la acusación consta que el Ejecutivo departamental y los subordinados estaban en conocimiento de las irregularidades que mostraban los 51 proyectos presentados por las ONG, pero que igual simularon todos los procesos de “control” y Hugo Javier autorizó los desembolsos a pesar de las anomalías.
El fiscal Corbeta afirmó también que el esquema delictivo clonó varias facturas para justificar las erogaciones realizadas por la Gobernación, por bienes o servicios que no fueron adquiridos o prestados.
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La otra modalidad utilizada fue la adquisición de facturas de proveedores que prestaron su colaboración a la estructura delictiva y emitieron facturas por provisión de bienes o servicios que no fueron prestados.
