El Ministerio Público, a cargo del agente fiscal Jorge Luis Arce Rolandi, investiga un perjuicio patrimonial de un monto total de G. 91.738.000 en perjuicio de la comuna local, cuyos hechos de corrupción se sospecha se habrían cometido en el ejercicio fiscal 2015-2020. Fue durante la gestión del ex intendente colorado Mario Iván Melgarejo Florentín. Se objetan obras de construcciones y prestaciones de servicios. La representación fiscal solicitó la caución adecuada por G.100.000.000.

Sobre este caso, el fiscal Arce Rolandi, pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público por tratarse de un hecho de corrupción grave. Sin embargo, el juez de garantía Ortega, dio lugar al pedido de la defensa técnica de cada uno de los acusados que solicitaron la suspensión condicional de procedimiento, sobre la causa de lesión de confianza, asociación criminal y producción de documentos no auténticos.

Con la medida judicial se beneficia el ex intendente municipal Mario Melgarejo (ANR), hoy jefe de transporte de la Gobernación de Paraguarí, la ex concejal municipal y actual edil concejal departamental, Dora Adelaida Lezcano Cardozo (ANR-HC) y los demás procesados.

En esta causa están también procesados los exfuncionarios municipales de la gestión anterior Darío Rubén Garay Jara, quien ejercía el cargo de tesorero, actualmente encargado Jefe de Aseo; Gladys María Centurión Rojas, ex secretaria general y actual asesora del intendente Sergio Galeano (ANR).

Denun cian graves irregularidades en gestión comunal de La Colmena

Además está procesado José Augusto López Rojas, ex responsable de la UOC, actualmente a disposición de Recursos Humanos y los proveedores procesados son: Teovaldo Ramón Cañete Varela, propietario del taller de Elastiquería San Ramón; Silvia Agostina Pedrozo Acosta, propietaria de la estación de Servicios Copeg - Puerto Irala y Marcelino Torres, propietario de Marcelo Construcciones.

Tres procesados deberán devolver G. 91.738.000

El juez de Garantía dispuso para el ex intendente municipal Melgarejo Florentín y a los ex funcionarios de la anterior administración y quienes siguen en la función municipal Darío Rubén Garay y José Augusto López Rojas, devolver los fondos a la Municipalidad local, que totalizan G. 91.738.000, en un plazo de tres años; cuya constancia deberán agregar ante el Juzgado Penal de Ejecución.

Fiscal imputa a ex intendente, a una concejala y a cuatro funcionarios municipales de La Colmena

Asimismo, tienen prohibido salir del país sin previa autorización del Juzgado, la obligación de realizar una donación al Hospital de La Colmena, consistentes en insumos hospitalarios por G. 500.000, en forma mensual, por el plazo de un año, en concepto de reparación del daño social causado e igualmente deben realizar mantenimiento y limpieza de la Escuela APAPECOL de este distrito, por un año.

En relación a la concejal departamental Lezcano viuda de Cardozo y el proveedor Cañete Varela, el juez dispuso prohibición de salida del país sin previa autorización del Juzgado; la obligación de realizar una donación al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ybycuí, consistentes en alimentos no perecederos por la suma de G. 500.000, por cada procesado, en concepto de reparación del daño social causado.

La actual asesora de la Municipalidad, Centurión Rojas, deberá donar a la Municipalidad local la suma de G. 5.000.000, pagaderos en forma mensual, por el plazo de dos años; en concepto de reparación del daño social causado a la comuna.

La proveedora Silvia Agostina Pedrozo Acosta deberá donar a la Municipalidad de la ciudad de La Colmena la suma de Gs. 3.000.000. El pago lo debe realizar en forma mensual por el plazo de un año. El proveedor Marcelino Torres Grance debe donar a la Municipalidad de este distrito, G. 2.000.000, pagaderos en forma mensual por el plazo de un año; en concepto de reparación del daño social.

Igualmente, el juez dispuso el levantamiento de todas las medidas cautelares que pesa sobre los encausados.

Hechos investigados

En el expediente fiscal se señala que los proveedores de la Municipalidad habrían sido adjudicados con contratos que no fueron ejecutados, conforme a las normativas establecidas, como también libramientos de cheques sin respaldo documental que habrían sido cobrados por funcionarios municipales.

La denuncia refiere que en los años 2016 y 2017 se celebraron contratos entre la Municipalidad de La Colmena y entes privados para la prestación de servicios como ser: provisión de combustibles, reparación y mantenimiento de maquinarias entre otros.

Los contratos se efectuaron en los años 2016 y 2017, tanto por la vía de la excepción y por contrato directo, se cuestiona la adquisición de combustible para uso institucional, contrato por la Vía de la Excepción en el año 2016, por G. 31.438.000.

Asimismo, se menciona que existen sospechas de malversación de fondos en la adquisición de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos y maquinarias, que se adjudicaron en G.120.000.000 por contrato directo en el año 2017. En este caso específico el perjuicio ocasionado habría sido de G 37.800.000 a través de la producción y utilización de documentos no auténticos.

En el expediente se señala también que respecto a servicios de reparación y mantenimiento de tractor agrícola con ala y provisión de repuestos, el contrato se realizó por la vía de la excepción año 2017 y el perjuicio sería de G. 22.500.000. De lo denunciado el Ministerio Público concluyó que el daño patrimonial es de G. 91.738.000

Ante el rechazo de la ejecución presupuestaria del 2018, un grupo de concejales habían denunciado el hecho ante la Contraloría General de la República (CGR) y ante el Ministerio Público, por mala utilización de los recursos de Fonacide y royalties.