La Cámara de Senadores la semana pasada volvió a patear el estudio del proyecto de ley que introduce cambios a la Caja Parlamentaria, una norma ampliamente criticada por mantener beneficios exclusivos para legisladores.

La norma que proviene de la Cámara de Diputados ya debió tratarse y sancionarse a la par del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados desde el 5 de febrero, sigue sin definiciones en el Senado tras sucesivas postergaciones.

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En la última sesión, el pleno decidió aplazar nuevamente su tratamiento, acumulando ya cuatro dilaciones.

El proyecto, considerado como un “parche”, introduce modificaciones menores sin tocar aspectos centrales del sistema ya que mantiene bajos años de aporte, conserva pensiones elevadas y permite el retiro de aportes.

Estas condiciones han sido calificadas como privilegios frente al sistema jubilatorio del ciudadano común.

La iniciativa tiene fecha límite. Si el Senado no se pronuncia antes del 31 de mayo, el proyecto quedará sancionado automáticamente, lo que aumenta la presión política sobre la Cámara Alta.

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El proyecto figura en el orden del día preliminar del Senado y su tratamiento podría confirmarse en la reunión de mesa directiva prevista para mañana a las 9:30. De incluirse, sería debatido en la sesión ordinaria del miércoles a las 09:00.

La última dilación fue planteada por el senador Dionisio Amarilla, representante ante la Caja Parlamentaria, quien argumentó que el tema requiere más análisis.

La moción fue respaldada por el bloque oficialista, lo que permitió -en aquella oportunidad- postergar nuevamente el tratamiento.

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La demora genera cuestionamientos, especialmente tras la reciente reforma de la Caja Fiscal, promulgada por el Ejecutivo el 18 de marzo.

En ese contexto, legisladores habían hablado de “altura moral” para impulsar cambios en el sistema previsional, mientras mantienen beneficios propios sin modificaciones de fondo.

Desde 2005, el Estado destinó más de G. 34.367 millones para financiar la jubilación parlamentaria.