Seis meses después de aprobar a tambor batiente la Reforma de la Caja Fiscal, la Cámara de Diputados, actualmente caracterizada por una rabonería generalizada, como “cereza del pastel” dejó para su tratamiento al límite de la sanción ficta el proyecto de ley que realizará mínimas modificaciones a su sistema de jubilación que seguirá siendo “VIP” en comparación con los demás trabajadores del país.

El proyecto de reforma “del fondo de jubilaciones y pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, se encuentra en su tercer trámite tras sufrir modificaciones en el Senado, por lo que ahora la Cámara Baja deberá definir si se ratifica en su versión original o se allana a los cambios de la Cámara Alta.

Sea cual sea la versión que prospere, no hay un cambio significativo, ya que los legisladores seguirán teniendo una jubilación privilegiada en comparación con la mayoría de los trabajadores del país.

Jubilación VIP legislativa vs. asalariado mínimo: estas son las diferencias

Empezando porque seguirán jubilándose con 60 años de edad y con 10 años de aporte, cobrando el 60% de las dietas y gastos de representación (equivalente a G. 22.740.000 en la actualidad), y con 15 años de aporte para acceder al 80% (G. 30.320.000).

Jubilación VIP vs. Trabajadores promediol Jubilación VIP Parlamentaria vs. Trabajadores promedio: La brecha en el Congreso

Comparativa entre las condiciones del privilegiado régimen jubilatorio legislativo en debate y el sistema de aportes al Instituto de Previsión Social (IPS) de los trabajadores asalariados.

Comparativa de Monto Jubilatorio

Jubilación Legislativa

G. 30.320.000 La Brecha 9.96x veces más

Asalariado Mínimo

G. 3.044.000 Estructura Comparativa de Beneficios Legisladores (VIP)

Años de aporte requeridos

10 a 15 años

Reajuste Salarial (Base jubilatoria)

Se pueden autoaumentar cuando lo decidan

Retiro de aportes en caso de cese

Retiro del 95% de sus aportes

Asalariado Mínimo

Años de aporte requeridos

25 años (Mínimo)

Reajuste Salarial (Base jubilatoria)

Ajuste mínimo anual sujeto a dudosos indicadores de inflación

Retiro de aportes en caso de cese

No está permitido

Fuente: Proyectos de ley en estudio en la Cámara de Diputados.

En comparación, un asalariado mínimo en el sector privado para jubilarse en el Instituto de Previsión Social (IPS) debe llegar a los 60 años de edad con 25 años de aporte para tener derecho al cobro del 100% de sus haberes, que distan bastante del millonario retiro de oro de los legisladores.

Es decir, un trabajador con salario mínimo debe aportar por lo menos 10 a 15 años más para cobrar con suerte la suma de G. 3.044.000 al llegar a su vejez.

Otra diferencia sustancia es que los legisladores -tal como lo hicieron en 2024- pueden autoaumentarse sus salarios y beneficios, a diferencia del asalariado mínimo, que depende del ínfimo ajuste que disponga anualmente el Ejecutivo, en base a una fórmula desfasada y a dudosos indicadores definidos por el gobierno como ser el índice de inflación.

Incluso, el porcentaje de aporte ni siquiera es el más alto de la Función Pública, ya que, con la reciente reforma de la Caja Fiscal, a los docentes se les pasó a descontar el 24,5% de sus haberes, es decir, casi un cuarto de su salario va para sostener su Caja de Jubilaciones.

Mientras que el descuento a los parlamentarios es del 24%, es decir, un 0,5% más, con el agregado de que la dieta y los beneficios parlamentarios son sideralmente mayores al salario del docente.

Otro privilegio que le está vedado al aportante del IPS y no así a los legisladores es el retiro de aportes en caso de no llegar a cumplir con los requisitos de jubilación.

A los parlamentarios se les está permitido -incluso con esta reforma- retirar hasta el 95% de sus aportes, mientras que un trabajador aportante del IPS que, por quedar desempleado y dejar de aportar, como tradicionalmente se dice, le resta “comer hule“ y sus aportes quedan en la previsional.

Diputados incluyeron varios “caramelitos” para simular cambios en sus jubilaciones

Otro aspecto del cual hicieron bastante alarde es de la supuesta conversión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo", a una “caja privada”, sin aporte estatal. Es un eufemismo, ya que “hecha la ley, hecha la trampa”.

En el proyecto de ley se agregó un inciso donde se establece que “queda expresamente prohibido todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio del Fondo”.

Sin embargo, esta tranquilamente puede convertirse en letra muerta con otra ley, como por ejemplo, la del Presupuesto General de Gastos que aprueban cada año, ya que, al tener el mismo rango legal, prevalece la última aprobada.

Para saltarse la prohibición, bastará con incluir en el PGN un artículo que diga que se deja sin efecto de manera temporal o permanente el citado inciso, y al mismo tiempo, asignar recursos del Estado para auxiliar con fondos públicos a la Caja Parlamentaria.

De hecho, el argumento de que es una “caja privada” es una falacia desde el momento en que se obliga a todos los legisladores a aportar a la caja, que se nutre en base a salario públicos y no se permitió que se abra la posibilidad de que sea voluntario.

Finalmente, para que no quede dudas de que no es una Caja Privada, es que de nuestros impuestos tenemos que pagar a los funcionarios de esta.

Taxativamente, en el artículo 29 se establece que “los gastos de personal y de administración serán cubiertos por el Presupuesto General de la Nación”.

Los diputados Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente) habían planteado un proyecto alterno para eliminar completamente la Caja VIP Parlamentaria, pero fue cajoneado.