La presidenta del tribunal se limitó a dar el dictamen absolutorio a Josu Ternera, que había acudido a la audiencia con sus abogados, después de recordar que la acusación que pesaba sobre él era pertenencia a una organización terrorista por el periodo que iba desde el 20 de diciembre de 2002 hasta mayo de 2005.

En este proceso, celebrado en abril, se le juzgó por formar parte de ETA desde que huyó de España, cuando era miembro del Parlamento Vasco para escapar de las investigaciones que se estaban llevando a cabo en 2002 para aclarar si había estado implicado en el atentado contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza de 1987, donde fueron asesinadas 11 personas, seis de ellas menores de edad, y hubo 88 heridos.

Los principales elementos de prueba en su contra eran las trazas de ADN y las huellas que dejó de su paso por dos pisos francos de ETA en Lourdes y en Villeneuve sur Lot.

Allí vivieron el que era entonces jefe militar, Peio Eskisabel, y su lugarteniente, José Manuel Ugartemendía, que fueron capturados a finales de abril de 2005.

En el juicio en abril, el hombre que en mayo de 2018 puso voz al comunicado que anunciaba la disolución de ETA, que tiene ahora 75 años y se encuentra bajo control judicial, reconoció su "responsabilidad" como miembro de ETA en el pasado.

Pero insistió en que su papel era "buscar una vía de negociación" y lamentó que el Gobierno español no hubiera aceptado una negociación con la banda para "haber solucionado las consecuencias del conflicto".

La Fiscalía había pedido para él cinco años de cárcel exentos de cumplimiento, es decir que sólo habría ingresado en prisión en caso de reincidencia durante ese tiempo, y sobre todo había reclamado su expulsión definitiva de Francia.

Si hubiera sido condenado como quería el Ministerio Público, eso abría la puerta a un casi seguro recurso ante el Tribunal Supremo por parte de la defensa, y hubiera dejado en suspenso la ejecución de la entrega a España, al menos unos meses hasta que hubiera un dictamen de la más alta instancia judicial francesa.

Ahora es la Fiscalía la que en teoría podría recurrir ante el Supremo y tiene diez días para hacerlo, una hipótesis muy poco probable puesto que lo único que conseguiría -más allá de obtener una eventual condena de carácter simbólico- sería retrasar esa entrega, en favor de la cual se ha pronunciado repetidamente en los últimos años.

La justicia francesa ya ha dado el visto bueno para su entrega por dos casos que tiene abiertos en España, el primero por su eventual implicación en ese ataque a la casa cuartel de Zaragoza en 1987; y el segundo por su presunto papel en la dirección de ETA desde que se fugó de España en 2002 y hasta que fue capturado en los Alpes franceses en mayo de 2019.

Este segundo sumario fue objeto de una decisión favorable el pasado 3 de junio por parte de la sala de instrucción del Tribunal de Apelación de París, que puntualizó que la ejecución de la entrega estaba a expensas de la sentencia de hoy.

La sala de instrucción se pronunció entonces sobre una euroorden de la Audiencia Nacional de Madrid cursada el 3 de diciembre, que en realidad era la extensión de otra a la que ya había dado el visto bueno en 2020, pero entonces por un periodo de acusación más breve y, sobre todo, únicamente por el cargo de pertenencia a una organización terrorista y no como dirigente.

Eso tiene como consecuencia que en el juicio al que eventualmente se le someta en España podría ser sentenciado a una pena máxima de 15 años de cárcel y no de 12.