El pleno del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), en sesión ordinaria, con votos en mayoría resolvió iniciar la investigación preliminar al juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal, y a los fiscales de narcotráfico Osmar Segovia, Ingrid Cubilla y Elva Cáceres, al considerar que existen suficientes indicios de mal desempeño de funciones en el marco de los procedimientos del caso Pavo Real Py II, que derivaron en la muerte del diputado cartista investigado Eulalio “Lalo” Gomes, el pasado 19 de agosto.

En ese sentido, ya el pasado 19 de agosto el diputado colorado cartista Orlando Arévalo, nota mediante había solicitado que se analice la conducta del magistrado y los fiscales. En sesión extraordinaria, se estableció el plazo de 20 días que se cumplieron el 18 de setiembre, para activar la oficiosida facultativa del Jurado para iniciar la investigación preliminar sobre los actores judiciales.

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Es en ese marco que, se trató la petición del diputado Arévalo, cuyo voto fue acompañado por los demás miembros del órgano extrajudicial: los senadores Mario Varlea y Derlis Maidana, así como el diputado Alejandro Aguilera, el consejero Enrique Berni, el ministro de la Corte Suprema de Justicia César Garay y la titular del JEM Alicia Pucheta, quienes totalizaron siete votos para iniciar la pesquisa con el libramiento de oficios y pedido de las compulsas (copias) de la carpeta de investigación fiscal a modo de tener todo el panorama del caso.

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Por su parte, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia mocionó porque se archiven los antecedentes del caso, tras enunciar que si bien el hecho de la muerte de Eulalio Gomes fue “grave y notorio”, consideró que “esa notoriedad se dio en la etapa de ejecución del allanamiento, por la muerte de una persona por disparo de arma de fuego por policías. Pero a mi modo de ver no existe actuar irregular del juez y los fiscales”.

Para el ministro Ramírez Candia la ejecución de la orden de allanamiento por policías en el domicilio de “Lalo” Gomes es la que debe ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público, pues la irregularidad “no se produjo en etapas anteriores que sí son responsabildiad de los fiscales penales y del juez. Por ende no existen indicios jurídicos para iniciar la investigación”.

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