La Editorial Azeta S.A., editora del diario ABC Color, promovió ayer una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra dos resoluciones judiciales de Alto Paraná que ordenaron eliminar de forma definitiva cuatro publicaciones de su archivo digital.

La medida fue dictada en el marco de un juicio sumario de hábeas data impulsado por Estanislao Franco de Oliveira, alias ‘Chilao’, respecto a publicaciones de interés público sobre presuntos esquemas de contrabando, control de importaciones en la frontera, litigios de tierras y declaraciones de autoridades nacionales.

El representante legal del medio, Dr. César Coll Rodríguez, hizo duras declaraciones y calificó los fallos de primera y segunda instancia —la S.D. N° 104 del Juzgado Laboral y el Acuerdo y Sentencia N° 92 del Tribunal de Apelación— como un atropello frontal a las garantías de la prensa libre.

“Los dos fallos atacados de inconstitucionales son un acto directo de censura”, afirmó con vehemencia el profesional al salir de tribunales. Sostuvo que, además de violentar las cláusulas constitucionales e interamericanas que prohíben toda forma de censura, las resoluciones “se derrumban por su propia estructura lógica, pues reconocen por escrito que las publicaciones fueron veraces, de interés público y legítimamente difundidas, pero acto seguido ordenan destruirlas”.

El senador colorado disidente Mario Varela, representante de la Cámara de Senadores en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) denunció hoy el caso de censura a ABC en la sesión ordinaria del órgano extrapoder, presidido por Alicia Pucheta.

“Son actos de censura vestidos de jurisdicción”: ABC recurre a la Corte contra orden judicial de borrar su archivo digital

El legislador Varela informó a ABC que además de dar entrada a su denuncia, el JEM resolvió tratar el caso en 15 días. “Pueden ser enjuiciados los magistrados”, advirtió.

“A través de la publicación, el Jurado deberá tratar si amerita un enjuiciamiento por mal desempeño de funciones”, manifestó el senador Varela.

Efecto inhibitorio sobre la prensa

Para el doctor Coll, el trasfondo de la resolución judicial trasciende a las cuatro notas afectadas y persigue un objetivo disuasivo contra el periodismo de investigación. “El verdadero propósito persigue un efecto disciplinador. El mensaje que envían a la prensa es letal al advertir que quien investigue contrabando o corrupción se expondrá a que, años después, un juez le ordene borrar el archivo y lo siente en el banquillo. Se trata de una advertencia extorsiva orientada a que los periodistas renuncien a investigar hoy por el temor a sufrir represalias el día de mañana”.

“Los jueces pueden absolver o sobreseer en sede penal si así corresponde, pero carecen de la potestad constitucional para reescribir la historia o erigirse en editores generales de los diarios del país. La tinta de la prensa libre jamás se borrará con la goma de un juez complaciente”, concluyó Coll Rodríguez al requerir a la Corte la inmediata suspensión de los efectos de los fallos para frenar la destrucción irreversible del acervo informativo.

Borran la imputación, el descargo y la réplica

El doctor César Coll puso de relieve el absurdo al que conduce la decisión judicial, denunciando que entre las publicaciones que se ordenó borrar figuran piezas periodísticas donde altas autoridades desmentían cualquier vínculo con el investigado. “Borran la imputación y borran también el descargo”, cuestionó.

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Recordó asimismo que el demandante ya había ejercido en el año 2019 su derecho constitucional de réplica a través del propio medio. “En el esquema que pretenden instaurar estos jueces, dar espacio a la versión del afectado ya no resulta suficiente; la exigencia judicial es la destrucción lisa y llana de la noticia”, fustigó.