"Japón concede gran importancia a la erradicación y prevención de delitos graves, así como a la defensa del Estado de derecho", afirmó hoy en rueda de prensa el portavoz gubernamental, Minoru Kihara, quien subrayó el apoyo permanente que el archipiélago ha proporcionado a este tribunal.

En sus declaraciones, Kihara también dijo "seguir con preocupación" el reciente anuncio estadounidense para desmantelar la institución a través de presiones a los aliados de Washington para que abandonen el organismo.

Según explicó el portavoz, el Gobierno japonés tiene la intención de "definir su respuesta observando las futuras acciones estadounidenses y manteniendo la comunicación con la CPI y con el resto de Estados miembros".

La campaña estadounidense, anunciada este lunes por el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tiene como objetivo prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.

Además, la Administración de Trump convocará a embajadores y altos cargos de naciones extranjeras para destacar "los abusos de la CPI" e instarles a retirarse del organismo, según indicó Rubio en un comunicado en el que calificó al organismo de querer convertirse en "un árbitro global sin rendición de cuentas".

Estados Unidos no es firmante del Estatuto de Roma, que creó la CPI, y la Administración de Donald Trump ha sancionado a altos funcionarios de la Corte por investigar presuntos crímenes de guerra cometidos por personal estadounidense en Afganistán y por actuar contra funcionarios israelíes, aliado clave de Washington.

A finales de 2025, la presidenta del CPI, la jueza japonesa Tomoko Akane, denunció las sanciones contra sus fiscales y jueces, al señalar que la medida les "sitúa al mismo nivel que terroristas y narcotraficantes", mientras que subrayó que el tribunal no cederá "a ninguna presión" y que su independencia "permanece intacta".

En este contexto, la ONG Human Rights Watch (HRW) llegó a presionar a las autoridades japonesas a que se pronunciaran públicamente para intensificar sus esfuerzos en defensa del tribunal, sometido a "una presión extrema por parte de Estados Unidos".