
Jamaica o el "círculo vicioso" de la deuda climática que teme la ONU en la COP31
"Necesitamos mayores esfuerzos para hacer frente a la deuda, de modo que los países no se vean obligados a elegir entre pagarla o reforzar su resiliencia", reclamó el responsable de cambio...
"Necesitamos mayores esfuerzos para hacer frente a la deuda, de modo que los países no se vean obligados a elegir entre pagarla o reforzar su resiliencia", reclamó el responsable de cambio climático de Naciones Unidas, Simon Stiell.
Un reciente análisis publicado en la revista 'Science' examina cómo Jamaica quedó atrapada en esa dinámica pese a su disciplina presupuestaria y plantea reformas para que protegerse de las catástrofes también tenga recompensa financiera.
"En el estudio señalamos que nada en el sistema incentivaba al país a construir defensas costeras más resistentes o mejorar los sistemas de drenaje", explica a EFE Aayushi Mishra, investigadora en finanzas climáticas de la Universidad Northeastern (EEUU) y coautora del trabajo.
"Lo que más nos llamó la atención fue que ninguna institución, por separado, hizo nada mal. Cada una funcionó tal como estaba diseñada y, aun así, entre todas dejaron a Jamaica expuesta", agrega sobre las deficiencias de la arquitectura financiera internacional.
Entre 2013 y finales de 2024, Jamaica redujo su deuda pública desde alrededor del 144 % del producto interior bruto hasta cerca del 65 %. En septiembre de 2025, la agencia de calificación Standard & Poor’s le concedió la mejor calificación crediticia de su historia.
Pocas semanas después, Melissa golpeó la isla como un huracán de categoría cinco y los daños se estimaron en 12.200 millones de dólares, cerca del 57 % de su PIB anual.
Antes del desastre, el país destinaba unos seis dólares al pago de capital e intereses por cada dólar de inversión pública. En el ejercicio 2024-2025, fueron unos 3.150 millones frente a 510 millones, según el estudio.
Invertir en prevención antes del huracán Melissa, según Mishra, habría resultado más barato para Jamaica que endeudarse para reconstruir la destrucción, ya que cada dólar destinado a protección permite ahorrar entre cuatro y diez dólares en pérdidas futuras.
El trabajo identifica entre 35 y 40 pequeños Estados insulares con deuda elevada, vulnerabilidad climática y relaciones activas con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque Mishra advierte de que el riesgo va más allá y que afecta a más estados.
"Los países no deberían tener que elegir entre ser responsables desde el punto de vista fiscal y protegerse", subraya la investigadora.
En el caso de Jamaica, la reducción de deuda favorecía el acceso al crédito, pero quedaba poco margen para defensas costeras y otras infraestructuras capaces de soportar fenómenos extremos.
"Jamaica ha sido considerada durante mucho tiempo un ejemplo de disciplina fiscal, así que, si ni siquiera ella está a salvo de este círculo vicioso, eso dice mucho sobre la vulnerabilidad de los demás países", resume la investigadora.
Las agencias de calificación premian los superávits presupuestarios y la reducción del endeudamiento, mientras que prepararse frente a desastres ocupa un lugar secundario, sostiene.
Tras Melissa, Jamaica recurrió a unos 3.600 millones de dólares de nueva deuda para la reconstrucción y los autores estiman que devolverla costará entre 4.900 y 5.700 millones, incluidos intereses.
Esos pagos competirán con las inversiones necesarias para reducir los daños del próximo huracán ante una crisis climática que va a peor.
Mishra considera prioritario que los análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI incorporen los riesgos de invertir poco en adaptación climática.
"Ahora se preguntan cuánta adaptación puede permitirse un país, pero no evalúan de forma exhaustiva qué ocurre con su deuda cuando esa inversión resulta insuficiente y sobreviene una catástrofe", explica.
También propone generalizar las cláusulas que permiten suspender temporalmente los pagos de deuda tras un desastre para destinar esos recursos a la reconstrucción.
La investigadora cree que la COP31 puede impulsar estas reformas, sobre todo, mediante una mayor coordinación entre acreedores públicos y privados.
Y recuerda que 73 países y grandes bancos de desarrollo se han comprometido a utilizar cláusulas que permiten aplazar los pagos hasta dos años en casos de grandes desastres, pero advierte de que solo serán eficaces si abarcan toda la deuda del país afectado
"La COP31 podría impulsar que estas cláusulas se incorporen de forma habitual a los nuevos préstamos desde el principio, en lugar de hacerlo únicamente durante las crisis", demanda la investigadora.
