
Iverco, Carretero y Etesa: viejos negocios, nuevos contratos
rrodiguez@prensa.com ¿Qué tienen en común la construcción y modernización de torres y líneas de electricidad con la venta de instrumentos musicales al Estado? A primera vista nada. Per...
rrodiguez@prensa.com
¿Qué tienen en común la construcción y modernización de torres y líneas de electricidad con la venta de instrumentos musicales al Estado? A primera vista nada. Pero detrás de ambos negocios están los mismos personajes, algunos de los cuales tienen un oscuro pasado. Y ahora están de vuelta, detrás de contratos que representan cientos de millones de dólares.
Para entender la complejidad de esta historia hay que retroceder hasta la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuando un puñado de empresas recibía contratos de todo tipo del estatal Programa de Ayuda Nacional (PAN) y cuando empezaba a investigarse en Brasil la célebre Operación Lava Jato, que en Panamá derivó en el “caso Odebrecht”.
En ambos procesos apareció Roberto Carretero Napolitano, uno de los tres hermanos panameños que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la Lista Clinton el año pasado. Los otros dos son Ramón y Vicente Carretero Napolitano.
En el caso Odebrecht, Roberto Carretero –y su hermano Ramón– fue investigados por el Ministerio Público por su rol en la sociedad Jiu Shun International Co. Ltd. , constituida en Islas Vírgenes Británicas.
Confesión 1Aunque ambos aparecían como dueños de Jiu Shun, en el año 2008 Roberto Carretero cedió a su hermano –y socio– sus acciones de la offshore, mediante un contrato que tramitó el abogado Lictor Reyna, quien la había constituido en 2005.
A las cuentas bancarias de Jiu Shun arribaron millones de dólares de sociedades de cartón pertenecientes a la Caja 2 de Odebrecht , poseedora de una intrincada red de empresas fantasmas –nacionales y extranjeras– usadas para pagar coimas a funcionarios locales y extranjeros.
En septiembre de 2020, el Ministerio Público le formuló cargos a Roberto y Ramón Carretero, y en octubre de ese año, según la vista fiscal del caso, ambos tuvieron oportunidad de hacer sus descargos. Roberto, ante los fiscales del caso, se declaró inocente de lavado de activos y eventualmente obtuvo un sobreseimiento provisional solicitado por los propios fiscales.
Pero durante su indagatoria, Roberto Carretero confesó hechos que hoy revisten importancia. Afirmó que él era propietario de otras sociedades, según plasma la vista fiscal del caso Odebrecht, elaborada el 9 de abril de 2021. Específicamente, señaló como suyas las sociedades “ Inversionista La Construcción ”(cuyo nombre real es Inversionistas de Construcción, S.A. ) y World Brands International.
Confesión 2Ahora hay que revisar el otro caso, en el que también fue acusado Roberto Carretero: la venta de instrumentos musicales al PAN, destinados a escuelas del Ministerio de Educación (Meduca). En este caso, Carretero, tras un proceso judicial de varios años, fue sobreseído por los tribunales de justicia.
El PAN –bajo la gestión de Giacomo Tamburrelli (q.e.p.d.) en el gobierno de Martinelli– invitó a 13 empresas a participar en la compra de instrumentos musicales para las bandas colegiales. Todas las empresas invitadas resultaron ser de un solo dueño: Roberto Carretero, quien lo admitió cuando le pusieron las pruebas enfrente.
Sí, todas eran de él: Knight, Corp., Suministros del Pacífico, Corp., Proveedora General de Abastos, S.A., Proyectos Ideales, S.A., Importaciones Generales del Istmo, S.A., Eco Caribe, S.A., Global Spec, Corp., Inversiones de Construcción, S.A., Digimart International, Corp., Pan American Construction, Corp., Cloney Trading, Inc., Nulato Commercial, Inc. y Country Max, S.A. Lo admitió a los fiscales, pero dijo que no cometió delito alguno.
Nótese que entre esas sociedades estaba –una vez más– Inversionistas de Construcción, S.A., aunque, como en el caso anterior, su nombre estaba mal escrito.
Dato relevante: 10 de esas sociedades eran clientes de los abogados –hoy exsocios– Lictor Reyna y Ewaldo Pitti o de sus bufetes Reyna Abogados o Reyna Pitti & Gordillo . Pitti, aunque ya no es parte de estas firmas, sigue en contacto con Reyna a través de fraternidades masónicas de las que ambos son miembros, aunque niega cualquier relación profesional con Reyna desde hace, al menos, 10 años.
Según Pitti, “las relaciones profesionales pasadas no constituyen, por sí solas, fundamento para atribuir influencia en una adjudicación ni para explicar las decisiones adoptadas por personas distintas a mí”.
Los instrumentos musicales que proporcionó Carretero, por cierto, eran de fabricación china, que peritos del Meduca calificaron de pésima calidad.
Exsocio… y ‘hermano’El abogado Pitti no se alejó mucho de sus antiguos clientes. Trabajó un año en la estatal Etesa, donde fue director de Asesoría Legal desde julio de 2024 hasta julio de 2025.
Bajo el actual gobierno de José Raúl Mulino, Etesa mudó su sede a la avenida Balboa, al P.H. Sky Business Center , perteneciente a Sky Business Center Group, Corp., una sociedad presidida por Vicente Carretero hasta diciembre pasado, cuando renunció, tras ser incluido por Estados Unidos en la Lista Clinton, junto con sus hermanos Ramón y Roberto.
El nombramiento de Pitti en ese cargo no era poca cosa. Siendo director de Legal en Etesa, tendría opinión sobre el manejo y la administración de contratos multimillonarios con la sociedad Inversionistas de Construcción (Iverco) –la que le vendía instrumentos musicales al PAN– y su socia Neminca. Ambas empresas tienen como agente residente al bufete de Lictor Reyna, su antiguo socio.
Neminca es una empresa venezolana, subcontratista de obras en hoteles en Venezuela en los que intervino Landscape Vision Corporation (Lanvicorp), empresa de Ramón Carretero, contratada por el gobierno del expresidente Nicolás Maduro.
Pero Pitti también llegó a constituir sociedades que están en manos de Roberto Carretero, como Proveedora General de Abastos y Digimart International, ambas mencionadas en el proceso judicial del caso PAN y que este empresario reconoció como suyas.
Y en Etesa, Pitti ocupó un cargo estratégico para una de sus contratistas más importantes: Iverco, precisamente, la misma que Roberto Carretero reconoció como suya en los juicios de Odebrecht y el PAN.
Pero también aclaró que las adendas, “dependiendo de la cuantía y naturaleza de la modificación contractual, requieren la intervención de otras instancias, como el Consejo Económico Nacional (CENA), además del refrendo de la Contraloría General de la República. Incluso, los traslados de partidas presupuestarias relacionados con estos compromisos fueron sometidos a consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional”.
Lo que no cuadraPero hay algo que no encaja en Iverco.
Fue constituida en 2009 por Reyna y Rubén Gordillo, socios en el bufete Reyna, Pitti & Gordillo. En 2012, cambió de agente residente, rol que asumió el abogado Danilo Caballero. En 2014 fue nombrado un nuevo presidente: Luis Petrou Santos, pero en 2017 este renunció. Lo reemplazó José del Carmen Ureña González, mientras se mantenían en sus cargos Myriam D’amill (secretaria) y Rubén Gordillo (tesorero).
En agosto de 2022, Ureña, además de presidente, pasó a ocupar los cargos de secretario y tesorero –que ostenta hasta ahora–, mientras Lictor Reyna aparecía junto a su firma como uno de los que inscribió el documento en el Registro Público. Meses después, en enero de 2023, entraron nuevos directores a la sociedad –empleados de Reyna Abogados– y, al mismo tiempo, su firma fue designada agente residente de Iverco.
Lo que no encaja es que, en 2020, Roberto Carretero afirmara a los fiscales que Iverco le pertenecía, mientras que Ureña, en una nota con su firma –fechada el 16 de mayo de 2022 y entregada a Etesa como parte de un proceso de licitación–, afirmaba que Iverco también era suya.
Ureña aseguró –bajo juramento– que él es el beneficiario final del 100% de las acciones de Iverco. Es decir, Iverco, según esa declaración jurada, tiene un solo dueño, y no es Roberto Carretero, aunque menos de dos años antes este empresario afirmaba a los fiscales que Iverco era de su propiedad.
La Prensa, en un cuestionario enviado la semana pasada, le preguntó a Carretero cuándo vendió o traspasó Iverco o si esta seguía siendo suya. No respondió. En su lugar, su abogada, Marcela Araúz, envió una carta al medio en la que advertía que cualquier publicación que se hiciera referente a los procesos antes señalados “afectaría injustificadamente su derecho a la honra, al buen nombre y a la propia imagen, garantías reconocidas por la Constitución ”.
Y en un chat con este medio, la abogada agregó que “ni para bien ni para mal puedes por ley referirte a ello”, es decir, que para este reportaje no se podía citar el contenido de sus confesiones en los procesos judiciales en los que estuvo involucrado su cliente Roberto Carretero. (Lea su carta completa aquí).
Otro vínculoEn cuanto al presidente de Iverco, bajo su gestión como representante legal de la empresa, este hizo gestiones de cobro ante la Contraloría General de la República a nombre de esa sociedad, pero, misteriosamente, algunas de estas gestiones de cobro aparecieron en manuscritos de Luis Acevedo Ureña, un abogado exsocio del exvicepresidente de la República José Gabriel Carrizo (2019-2024).
Eran números de Scafid (Sistema de Seguimiento, Control, Acceso y Fiscalización de Documentos) de la Contraloría para cobrar por obras realizadas. Acevedo nunca quiso responder a La Prensa por qué tenía esos números ni sobre las cifras que estaban anotadas a mano a su lado.
Igualmente, en esos manuscritos había números de Scafid de la sociedad Pan American Construction, Corp. –también creada por Reyna– y que tuvo como agente residente a Evelyn Vargas Reynaga, abogada de los exconvictos hijos del expresidente Martinelli.
Lea aquí la nota “Luis Acevedo compró residencia de $821 mil con préstamo de la Caja de Ahorros”.
Pan American Construction –al igual que Iverco– también es de Roberto Carretero, según él mismo admitió en octubre de 2020. Y también fue investigada en el caso de la venta de instrumentos musicales al PAN. Aunque teóricamente ambas empresas eran de dueños distintos, las gestiones de cobro en las que habría ayudado Acevedo ante la Contraloría se hicieron de forma simultánea.
Por ejemplo, las dos gestiones de Iverco fueron refrendadas el 22 de junio de 2020, mientras que la de Pan American Construction se hizo en la misma fecha y casi a la misma hora. Las tres fueron refrendadas con minutos de diferencia. ¿Distintos dueños, gestiones simultáneas? ¿Coincidencia?
ContradiccionesLa Contraloría, precisamente, ha tenido un rol importante en los contratos que mantiene Iverco con Etesa, junto con su socia venezolana Neminca. La institución ha refrendado importantes y cuantiosas adendas para los consorcios de los que forman parte ambas empresas.
Pero semanas atrás, el contralor Anel Flores se quejó de las adendas en los contratos con el Estado, en una circular que hizo llegar a numerosas entidades gubernamentales, incluidas empresas públicas.
Flores reprochaba que “constantemente, las administraciones de las distintas entidades someten a la consideración del refrendo de la Contraloría General adendas, órdenes de cambio, prórrogas y ajustes que alteran precio, plazo o alcance del contrato adjudicado que incrementan los costos e impiden al Estado entregar los bienes y resultados que esperan los ciudadanos”.
Por ello, advertía –luego de aprobar decenas de millones de dólares en adendas a favor de Iverco y Neminca– que la Contraloría “se abstendrá del refrendo de las adendas que se presenten en perjuicio del interés público y presentará las denuncias ante las autoridades competentes contra los servidores públicos y contratistas que ocasionen costos y tiempo adicional a las contrataciones públicas”.
La advertencia no solo llega tarde, sino que contradice la actuación del propio funcionario en los contratos de Iverco y Neminca con la estatal Etesa.
Próxima entrega: los contratos de Iverco, Etesa y un hilo que conduce a Enrique Lau Cortés.
