En octubre de 2023, la dirección paraguaya de Itaipú Binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún, dejó sin efecto la contratación de más de 180 personas que habían ingresado a la entidad mediante el Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

La decisión se tomó tras una revisión institucional que concluyó que el concurso presentó irregularidades y no garantizó la igualdad de oportunidades entre los postulantes. Itaipú fundamentó la anulación en presuntas inconsistencias en la divulgación del llamado, la verificación documental y los criterios de selección aplicados.

En ese marco, se da la demanda laboral promovida por Gabriela González Buss y otros trabajadores afectados, quienes exigen su reintegro a Itaipú y el reconocimiento de sus derechos laborales.

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El expediente tramita ante el Juzgado Laboral del Segundo Turno, a cargo de la jueza Guadalupe Fernández, según el comunicado emitido por la defensa de los desviculados, a cargo del abogado Raúl Mongelós.

Según el comunicado, la jueza dio trámite a los urgimientos presentados por la parte demandante y volvió a convocar al director de Itaipú para que comparezca ante el juzgado a fin de absolver posiciones, es decir, responder bajo juramento al interrogatorio de la contraparte, el martes 22 de setiembre.

Denuncian una nueva suspensión “ilegal”

Pese a la convocatoria, los denunciantes afirman que la audiencia “fue nuevamente suspendida en forma ilegal”, sin precisar quién dispuso la suspensión ni bajo qué argumento formal.

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El comunicado sostiene que el expediente acumula más de dos años de dilación por sucesivos incidentes, recusaciones, apelaciones y otras presentaciones promovidas por la parte demandada, es decir, Itaipú.

Los denunciantes remarcan, además, que una acción de inconstitucionalidad planteada contra resoluciones interlocutorias del caso no suspende automáticamente el trámite del juicio, ya que la Corte Suprema de Justicia no otorgó ninguna medida cautelar en ese sentido.

Con base en ese argumento, el comunicado afirma que “la medida de suspensión de las audiencias por parte de la jueza es totalmente fuera de lo que prescribe las normas legales” y la describe como “la demostración palpable de la sumisión de la justicia al poder político”.

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Piden sancionar la conducta procesal de Itaipú

Los trabajadores solicitaron también que la conducta procesal de la entidad demandada sea declarada temeraria, de mala fe y constitutiva de un uso abusivo del derecho.

Argumentan que la reiteración de incidentes y recursos por parte de Itaipú impidió el avance normal del proceso y postergó el acceso de los trabajadores a una decisión judicial en un plazo razonable.