
Itaipú: ¿aumento justificado o negocio redondo para los gobiernos?
¿Por qué el aumento?Costo real vs. tarifa actual: El Tratado de It...
¿Por qué el aumento?
Costo real vs. tarifa actual: El Tratado de Itaipú establece que la tarifa debe ser equivalente al costo de producción, que actualmente ronda los US$ 10 kW/mes. Sin embargo, la tarifa acordada duplica este monto.
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¿Beneficios cuestionables?Excedentes millonarios: la nueva tarifa generaría un excedente anual de más de US$ 600 millones para ambos gobiernos, fondos que no forman parte del Presupuesto General de la Nación (PGN) y sobre cuyo uso no se rinde cuentas claras.
Falta de transparencia: se cuestiona la discrecionalidad en el manejo de estos excedentes, sin mecanismos transparentes de rendición de cuentas. Preocupaciones en Paraguay:
Financiación de la ANDE: se teme que el aumento no se traduzca en mejoras para la ANDE, que enfrenta serios problemas financieros.
Impacto en el consumidor final: existe la inquietud de que el aumento de la tarifa se traslade finalmente al precio que pagan los consumidores paraguayos por la energía.
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Futuro inciertoPlazo del acuerdo: el acuerdo actual tiene una vigencia de tres años, con la posibilidad de revisión posterior.
Posibles reclamos: no se descarta que en el futuro Paraguay busque renegociar la tarifa que refleje el costo real de producción. Además, piden centrarse en la revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú de tal manera que Brasil pague un precio justo por el excedente que se lleva.
Llamado a la transparenciaCiudadanos exigen cuentas claras: se demanda mayor transparencia en el manejo de Itaipú, exigiendo que se destinen a proyectos de desarrollo social y económico de ambos países además que la ciudadanía, a través de sus legisladores, puedan elegir los proyectos en los que usarán los recursos. Es decir, estos deberían ser incluidos al Presupuesto General de la Nación (PGN).
Debate público necesario: es fundamental un debate abierto y participativo sobre el futuro de Itaipú, donde se consideren los intereses de la población y se asegure un uso responsable de los recursos generados por la hidroeléctrica.