La representación permanente de Irán ante la ONU en Ginebra envió un documento jurídico en el que analiza los efectos de las restricciones bancarias y financieras, las sanciones secundarias y extraterritoriales, las limitaciones al transporte aéreo y marítimo y las medidas relacionadas con el bloqueo naval, según informó este domingo la agencia oficial IRNA.

El documento sostiene que estas medidas no solo afectan a las relaciones económicas entre Estados, sino que sus consecuencias se trasladan a la población iraní a través de bancos, empresas de transporte, instituciones educativas y otros actores económicos de terceros países.

Según Irán, esta situación afecta al acceso de la población a alimentos, medicamentos y equipos médicos, educación, servicios financieros y transporte aéreo, entre otras necesidades básicas.

La denuncia iraní llega más de un mes después de que Estados Unidos lanzara la denominada "Operación Paria Económico" en paralelo al bloqueo naval contra los puertos y buques iraníes, intensificando las sanciones contra Teherán para aumentar el aislamiento financiero del país y presionar a la República Islámica en el marco de la guerra.

Entre las nuevas sanciones impuestas a Irán figuran 27 aerolíneas iraníes, por lo que se han suspendido en los últimos días las conexiones aéreas del país persa con Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia, Irak y Omán.

La representación iraní en Ginebra sostiene que estas medidas deben analizarse a la luz del derecho internacional general, los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y plantea cuestiones relacionadas con "la soberanía de los Estados, la prohibición de la injerencia, los efectos extraterritoriales de las medidas coercitivas unilaterales y la responsabilidad internacional de los Estados".

Según IRNA, el documento fue remitido a varios relatores especiales y otros mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas relacionados con el orden internacional, el derecho a la alimentación y los derechos a la educación y la salud, para que examinen las consecuencias jurídicas y humanitarias de las medidas estadounidenses sobre la población civil y adopten medidas para proteger el acceso de los iraníes a sus necesidades básicas.

La nueva operación económica de Washington para presionar a la ya maltrecha economía iraní, tiene lugar a siete meses de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel contra la República Islámica.

A mediados de septiembre, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, había denunciado que la guerra, el bloqueo y las sanciones de Estados Unidos contra su país bloquean el acceso de la población a "alimentos y medicamentos".